MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 54   MARZO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

En reforma a la justicia
¿Nudo gordiano para las tutelas en salud?
Olga Lucia Muñoz López - Periodista, Medellín elpulso@elhospital.org.co

A finales del año anterior se presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo 010, que incluía dentro de la reforma a la justicia una reforma constitucional del artículo 86 de la Carta Magna, mediante la cual se modificaba la reglamentación del trámite de las tutelas.
Ese proyecto fue archivado, ya que por tratarse de una reforma constitucional necesitaba de dos debates en dos períodos o legislaturas consecutivas y los pocos días que faltaban para terminar el período de sesiones del Congreso impedían siquiera su revisión; existe ahora incertidumbre por la posibilidad de que este proyecto sea revivido y presentado nuevamente este año, y que todo lo ganado por la gente del común para acceder al reclamo de sus derechos fundamentales a través del mecanismo de la acción de tutela, se pierda en las enmarañadas condiciones que se pondrían como requisitos a la aprobación de las tutelas en el futuro.
Para el caso de la salud el asunto adquiere proporciones dramáticas, porque cerca del 80% del total de las tutelas se interponen para reclamar un servicio de salud o un medicamento que por otros medios ha sido inaccesible, en medio de las restricciones y limitaciones de nuestro todavía imperfecto sistema de salud. De limitarse, restringirse o anularse el uso de la tutela para reclamar los procedimientos o medicamentos que le son necesarios a una persona para conservar la salud y por tanto la vida, se cercenaría de tajo la esperanza de miles de colombianos que tienen en la tutela su último y único recurso para acceder a los mismos. Equivaldría, guardadas las proporciones, casi a condenar a muerte a esos miles de compatriotas que no han cometido previamente un crimen de lesa humanidad para merecer tal castigo.
Antes que pensar en la limitación de la tutela en salud, valdría la pena explorar otras alternativas, como una revisión al Plan Obligatorio de Salud (POS) para su posible ampliación con base en los procedimientos y medicamentos más demandados mediante tutela, y la solución definitiva al problema que generan las enfermedades y los procedimientos de alto costo. Además, es imprescindible cuantificar con base real y estadística, el número y costo de las tutelas, sin caer en la trampa de las cifras especulativas que parecen manejar a su antojo los diversos actores del sistema para promover la eliminación de la tutela en salud.
Conservar la salud de una Nación demanda altos costos públicos y privados, porque en medio de la economía de mercado que ha atrapado al mundo en los últimos años, este costo se ha incrementado en progresión geométrica, mientras los recursos apenas lo hacen en progresión aritmética, dejando siempre una "espada de Damocles" sobre las finanzas y la economía de la salud, porque los recursos siempre van a la zaga de los costos que demanda la misma.
Si bien el proyecto de acto legislativo se enmarca precisamente en esa necesidad de regular las tutelas para no poner en peligro la estabilidad financiera del sistema de salud colombiano y de sus actores, habría que anteponer necesariamente el cuestionamiento que muchos pueden considerar bizantino: ¿en la balanza del país prima el derecho a la salud en conexión directa con el derecho a la vida de un número de colombianos que al parecer no es tan alto como se predica, o prima la salud de las arcas públicas y particulares involucradas en el sistema de seguridad social en salud?
El hoy desaparecido ministro de la Protección Social, Juan Luis Londoño de la Cuesta (q.e.p.d), argumentó varias veces que era necesario "acabar con la tutelitis" que había invadido el sistema de salud y que lo estaba poniendo en calzas prietas económicas, indicando que en un sistema que funcionara adecuada y correctamente, no habría lugar ni necesidad de que la gente presentara tutelas para reclamar aquello a lo cual, en justa ley, tiene derecho.
Sin embargo, y a pesar de la muy buena fe que siempre tuvo el señor ministro en enderezar la senda del sistema para que alcanzara ese grado de funcionamiento óptimo, la verdad es que el sistema colombiano dista mucho todavía de ser ese engranaje perfecto que da respuesta plena a las necesidades muchas veces vitales de las personas en materia de salud. De ahí entonces, la urgencia de conservar el mecanismo de las tutelas en salud, que en más de una oportunidad ha representado el "salvavidas" último de enfermos colombianos sin otra esperanza.
Arrebatarle a la gente del común ese mecanismo de amparo de sus derechos constitucionales y más en el caso de la salud, a través de una nueva legislación constitucional que reduciría a su mínima expresión la efectividad del mecanismo de la tutela, es por un lado crear un nudo gordiano a esa gente simple y sin recursos como condición para acceder a algo que moral, ética y legalmente tiene derecho. Y por otro, favorecer intereses no tan velados en el sistema de salud, donde la buena salud del negocio se antepone no pocas veces a la salud y la vida de las personas, razón última de ser de la vida y la existencia misma del país. ¿La bolsa o la vida? Permitir tamaño condicionamiento sería renunciar a los fundamentos mismos de la supervivencia de la especie sobre la tierra en condiciones de dignidad, y denigrar de la misma condición humana que ha enaltecido al hombre a pesar de sus pequeñeces, mezquindades y miserias.

 

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