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Las quejas por los
altos costos de las tutelas en salud han puesto a los altos
funcionarios del gobierno en el trabajo de buscar estrategias
para sacarla del camino y a sus ministros de Justicia y de
Salud (ahora Protección Social) en la función
de hacer lobby en el Congreso para concretar sus propósitos
mediante una reforma constitucional o el trámite de
una ley estatutaria.
El Ministerio de Salud se quejó oficialmente el 25
de julio de 2002, en voz del entonces jefe de esa Cartera,
Gabriel Ernesto Riveros Dueñas: "además
de adelantar la labor de revisión de los recobros,
se hace indispensable realizar una evaluación de la
situación actual, por cuanto el mecanismo de la tutela,
como medio para obtener ciertas atenciones en salud debería
ser excepcional y no regular, como se viene presentando. Esta
evaluación debe arrojar proyectos normativos que hagan
más racional la atención y el reconocimiento
de los costos correspondientes".
Los argumentos del Ministerio estaban en las cifras: entre
el 2000 y el 2001 las tutelas aumentaron en más de
un 434.37% los recobros al Fosyga, mientras en el 2002 el
pago de tutelas por servicios de salud y medicamentos no incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud (POS) se les llevó
$23.800 millones en seis meses, cuando el presupuesto para
el año era de $14.500 millones, lo que obviamente implicó
una adición de $9.300 millones.
El Ministerio aseveró que sólo en el primer
semestre del 2002 se presentaron 513 reclamaciones por valor
de $3.098 millones. Mientras, en el 2001 se presentaron 847
reclamaciones que demandaron $6.387 millones, cuando en el
año 2000 se dieron 238 fallos de tutela que implicaron
$3.456 millones.
Para mayor molestia del Ministerio de Salud, en la Dirección
General de Aseguramiento los recobros por medicamentos y fallos
de tutela que ascendían a $19.834 millones, después
de una auditoría quedaron en que debían pagarse
$15.870 millones, lo que implicó otro ajuste presupuestal,
según se informó.
A esta queja se ha sumado cada año el Seguro Social,
que por tener el mayor número de afiliados en el país
ha pagado más de $7.000 millones por el mismo concepto,
tras sufrir el embate de las tutelas en esa lucha de los pacientes
por obtener pronto una atención quirúrgica,
medicamentos y atención especial por enfermedades catastróficas
y de alto costo, más medicamentos no cobijados por
el POS.
El ministro de Salud, Juan Luis Londoño de la Cuesta,
fallecido en febrero pasado, también pretendió
frenar las tutelas mediante un proyecto de Ley Estatutaria
que ventiló en el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud para su estudio y que intentó sacar adelante
durante la legislatura en noviembre de 2002, pero dentro del
Proyecto de Acto Legislativo 010 que proponía una reforma
constitucional al decreto 86, como parte de la reforma a la
justicia. Los argumentos de Londoño de la Cuesta rondaban
por las estadísticas y la falta de conocimiento de
los jueces sobre el tema, según lo manifestó
con mucho énfasis al diario Portafolio.
Su primera razón fue que los fallos de tutela desorganizaron
extremadamente el sistema de salud; la segunda, que el 80%
de las tutelas tenían como eje el derecho a la salud;
la tercera, que no había personas especializadas para
estudiarlas, y la cuarta, que se requería una jurisdicción
de seguridad social para desconcentrar la labor de los magistrados.
Así que una solución práctica, a su juicio,
para "acabar con la tutelitis", sería aprobar
una Ley Estatutaria que precisara con detalle la cobertura
de los servicios de salud a que se tiene lugar en defensa
del derecho fundamental a la vida.
En septiembre del año pasado el ministro del Interior
y de Justicia, Fernando Londoño, también empezó
a trabajar por su lado en el tema y anunció la presentación
de un Proyecto de Acto Legislativo para reglamentar su uso
y aplicación; con su polémico estilo, que recogió
el diario El País, de Cali, manifestó: "la
acción de tutela tiene que servir para lo que fue creada;
no podrá acudirse a ella mientras haya un proceso en
marcha o una sentencia ejecutoriada. No habrá tutelas
para derechos económicos y sociales, sólo para
los fundamentales".
Y no perdió la oportunidad para criticar a la Corte
Constitucional afirmando que "ha invadido la órbita
del Ejecutivo", puesto que algunos de sus fallos de tutela
"le han costado al país, algo así como
dos reformas tributarias"
El 27 de septiembre del 2002, El País también
recogió las quejas del entonces vicepresidente de la
EPS del Seguro Social, Gilberto Reyes, quien hizo eco a las
ya presentadas por el Ministro de Justicia, aludiendo que
a los jueces les faltaba idoneidad y asesorarse de expertos
en materia de salud antes de emitir sus fallos y que esto
ha llevado a ordenar procedimientos equivocados. Cita el caso
de pacientes a quien se les ordenó trasplantes de hígado
y riñón, cuando a su juicio, por su avanzada
edad no resistirían el procedimiento; otro en el cual
se les demandó practicarle al tiempo cirugía
de corazón y pulmón a una persona y, según
informó, esto sólo se ha hecho dos veces en
el país y ninguna sobrevivió. En materia económica,
tampoco ahorró críticas, y aseguró que
el ISS entre enero y septiembre del 2002 había gastado
$3.500 millones en cirugías y medicamentos no POS debido
a 1.400 tutelas.
La visión desde la
academia
Las polémicas generadas por la aplicación de
la acción de tutela llevó en 1997 al Centro
de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad
de los Andes a realizar un estudio sobre este mecanismo procesal
y sus resultados fueron tan llamativos que hasta el diario
El Tiempo les dio difusión. Entre ellos se encontró
que el 92.9% de los jueces tiene una opinión positiva
de la tutela y la consideran un mecanismo eficaz para proteger
los derechos fundamentales, y se llevó otra sorpresa:
después de tanto hablar de congestión en los
despachos judiciales por las acciones de tutela, en promedio,
en un juzgado, se invierte sólo el 24.64% del tiempo
laboral para atenderlas.
Le reconoce la investigación igualmente a la Corte
Constitucional su especial innovación jurisprudencial
en la solución de derechos como la salud, la seguridad
social, la educación, la protección de los niños
y del medio ambiente.
En sus primeros cinco años y medio de trabajo (1992-
junio 1997), la Corte seleccionó y revisó 2.089
tutelas, negó 1.238 y concedió 851, es decir,
cerca de un 40% de las tutelas fueron aprobadas y un 60% negadas.
El estudio de la Universidad de los Andes también encontró
que la mayoría de las tutelas instauradas estaban relacionadas
con el derecho de petición 23.93%, siguiéndole
el derecho al trabajo 16.32% y la violación al debido
proceso 12.84%. Esto significa que la mayoría de los
quejosos eran trabajadores y personas privadas de la libertad,
mientras que las personas de la tercera edad sólo acudieron
a la tutela un 4.44% para reclamar sus derechos a la seguridad
social y de petición a las cajas de previsión.
Esto genera una seria reflexión. Las cifras que manejaba
el hoy extinto Ministro de Protección Social, Juan
Luis Londoño de la Cuesta, cuando afirmaba que el 80%
de las tutelas son en salud y por lo tanto buscaba como remedio
tramitar una Ley Estatutaria en el Congreso, lo que indicaría
es que algo muy serio viene sucediendo en este sector desde
junio de 1997 hasta la fecha, como para que la gente sienta
tan vulnerado su derecho a la salud que tenga que acudir casi
masivamente a la tutela con el fin de ver amparado y garantizado
este derecho fundamental para tener una vida digna.
De ser cierta esta apreciación, sería como vender
el sofá, para evitar asumir el hecho de fondo, la infidelidad,
dejando la problemática de la salud en Colombia en
tal evidencia, que demostraría como las acciones para
ampliar cobertura son números fantasmas, que crecen
estadísticas y permiten mostrar grandes cifras ante
organismos mundiales como la OMS o la OPS, pero que en casa,
en el país, la realidad es otra frente a una calidad
tan deteriorada del servicio que para buscar una eficaz, oportuna,
y eficiente atención en salud, la gente de menos recursos
y más desprotegida en este ámbito tiene primero
que buscar el respaldo de un juez, que le garantice que será
atendido como su dignidad ciudadana lo merece, antes que acudir
a su EPS.
Y la realidad la vio el propio ministro Londoño de
la Cuesta (q.e.p.d.) quien con bastante frecuencia decía
a los medios de comunicación que le preocupaban muchísimo
las caídas en las coberturas de vacunación masiva
de la población infantil, el crecimiento de la mortalidad
materno - infantil, los embarazos tempranos en adolescentes,
los avances siniestros del sida y el VIH, el auge de las enfermedades
de transmisión sexual y la necesidad de medicamentos
asequibles y de una buena calidad de cobertura para los estratos
sociales más bajos de la población, puntos que
son claves para analizar la realidad social en materia de
salud en cualquier país del mundo.
El problema radica no en las tutelas que la gente instaura
ante un juez de la República para hacer valer su derecho
a la vida y a la salud, sino en la real calidad de vida que
hoy tienen los colombianos, en la atención que reciben
por parte de las instituciones de salud y en el desarrollo
de las campañas de salud que objetivamente debería
beneficiarlos en cualquiera de los sistemas en que estén
afiliados o inclusive, sin tener ninguna vinculación.
Es obvio que si el servicio fuera excelente, la atención
buena, oportuna y eficaz no existirían quejas, demandas
ni sanciones, ni la población tendría que hacer
uso de la acción de tutela -o al menos serían
muy pocas-. Por lo tanto, si las tutelas están relacionadas
en un 80% con temas de salud, es porque la salud de los colombianos
está realmente en "pronóstico reservado".
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