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Eufemismos: en eso
se han convertido algunas aspiraciones que alentaban la reforma
de salud. ¿Qué otra cosa puede decirse de “vinculado”
para referirse al desvinculado o excluido? Alguien explicará
que se trata de “vinculado transitoriamente a la seguridad
social por la oferta”, que es como decir, futuro afiliado
de un sistema que no alcanzó la cobertura universal,
dejando su promesa en eufemismo.
Algo parecido puede decirse de otro tema que recientemente ha
dado todo que hablar, denominado de forma grandilocuente “punto
de solidaridad”, pero que ante la negativa de Hacienda
de aportar el pari passu (peso a peso), ha venido a ser sólo
un impuesto directo al empleo que deteriora la vinculación
formal al trabajo y el acceso al servicio de salud que corresponde
a los afiliados del régimen contributivo. Un eufemismo.
¿Solidaridad o impuesto al empleo?
No se trata de ir en contra de la solidaridad, lo que pasa es
que tampoco se puede exagerar. Si alguna cosa se reconoce del
sistema de salud colombiano es la doble redistribución
que proporciona la compensación, donde los afiliados
con mayores ingresos subsidian el Plan Obligatorio de Salud
(POS) de aquellos con una base salarial menor a dos salarios
mínimos por mes y la redistribución que se logra
con la exacción del punto de solidaridad, con destino
a la población pobre y vulnerable. Sin embargo, estas
medidas no se pueden analizar desprevenidamente en vista de
lo siguiente:
1. El 1% que deben aportar los empleados como punto de solidaridad
es un impuesto que recae sobre el empleo, es decir, gravando
y reduciendo el trabajo formal.
2. A pesar de su efecto perjudicial para el empleo el país
aceptó una contribución del 1% esperando que por
cada peso aportado, el gobierno contribuiría con otro.
3. Este cobro parafiscal que se obtiene directamente de la nómina
se comporta como un impuesto indirecto. Siendo el empleo un
bien “elástico” sujeto al mercado, su disponibilidad
se reducirá por cualquier aumento de su “precio”.
Es decir: si el costo de crear empleos se encarece, su número
y calidad disminuirá, como en este caso en el que se
aprecia el efecto de un impuesto agregado al precio.
4. A imposiciones como estas se les considera “regresivas”,
es decir desfavorables a la redistribución del ingreso,
porque recaen de una forma semejante entre ricos y pobres. Es
decir: el 1% de solidaridad es un impuesto que no favorece completamente
la redistribución del ingreso. El nivel socioeconómico
de quienes lo aportan pueden ser igual o muy parecido al de
los beneficiarios, mientras que los que no lo aportan son justamente
quienes tienen mayores ingresos porque no son empleados.
5. Existen al mismo tiempo otros impuestos que se llaman directos,
como el impuesto a la renta, con los que se financiaría
el pari passu, en donde el aportante paga en proporción
a su beneficio declarado de un año, de una manera proporcional
a su riqueza. Este tipo de impuestos es más justo o “progresivo”,
porque permite una redistribución sufragada por los más
beneficiados para los pobres y no al revés; no obstante,
este gravamen es más difícil de recaudar.
Los efectos
Ahora, es necesario ver lo que está pasando con el tema
del 1% de solidaridad:
1- A pesar que el impuesto al empleo se viene cobrando puntualmente,
el gobierno viene retirando el pari passu. Todos sus valores
sumados por año alcanzan a ser solamente la cuarta o
la tercera parte de lo que aportan los empleados, existiendo
un período, 1997, en el que no hubo financiación.
2- Es decir, el régimen subsidiado cada vez se financia
más con el impuesto sobre el empleo (regresivo), aprovechándolo
para retirar las fuentes fiscales recaudadas con impuestos directos
(progresivas). Este cambio está mal. Optamos por un gravamen
más injusto, dejando sobre los hombros de los empleados
su servicio de salud, el de los contributivos con menores ingresos
y también el de los más pobres. Cosa que no importaría
si en Colombia el empleo abundara, olvidando que todos los impuestos
que se le cuelguen también irán en contra de la
viabilidad financiera del sistema, favoreciendo la evasión,
la elusión y la informalización.
3. Lo peor del disgusto, no obstante, esta por venir; según
la Contraloría General de la Nación, hay $2,1
billones inmovilizados en TES y otras inversiones. Es decir:
estamos recaudando el dinero, incluso sofocando el empleo, para
guardarlo. Razón de más para que en la mayoría
de los foros exista tanta inconformidad. Pero, ¿por qué
si los subsidios se recaudan con tanto esfuerzo tomándolos
principalmente del salario, no se utilizan? La respuesta puede
ser que Colombia se esta gastando “mucho” en salud,
alcanzando un nivel cercano al 8% del PIB.
4. Un nivel elevado de gasto en salud sobre el Producto Interno
Bruto (PIB) es una limitación forzosa, desde el punto
de vista de algunos economistas. El aparato productivo de la
salud está conformado por una cadena corta de insumos
y productores, con una carga apreciable de gastos en importaciones
y franquicias tecnológicas, que contribuyen menos a la
productividad (PIB) comparados con otros sectores como los de
infraestructura y agricultura. Ahora, si esa es la explicación,
si el dinero que se recauda en salud no se va a utilizar y no
se va a permitir su ejecución, habrá que ver si
es preferible por lo menos evitar el daño que esta imposición
genera sobre el empleo, reduciéndola.
Aunque la idea de reducir los recaudos del punto de solidaridad
parezca absurda, no se puede desestimar siempre que no sea posible
incorporar el pari passu. Las cargas impositivas tienen efectos
negativos, máxime sí su finalidad desaparece como
en este momento en el que se aprovecha un gravamen al empleo
para sustituir un aporte que no se viene recibiendo. Mientras
más alta la carga impositiva al empleo menor será
la cobertura del régimen contributivo. Además,
entre el nivel de los impuestos y el nivel de evasión
existe una relación directa: a más impuestos más
evasión. Los recaudos no aumentarán proporcionalmente
cuando los impuestos se eleven, porque los impuestos que se
hacen confiscatorios incitan la evasión. |
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| Fuente: Fisalud |
No podemos engañarnos
pensando que el punto de solidaridad es beneficioso para congelarlo
y mucho menos para sustituir el pari passu, porque con ello
se desvirtúa su fundamento redistributivo. La solidaridad
que se está haciendo no es con la población pobre
sino con el Ministerio de Hacienda, permitiéndole que
irrigue otros sectores de la economía, beneficiarios
de los impuestos que no recibe salud. Lo que si tiene sentido
es mantener el recaudo del punto de solidaridad con el convencimiento
de que los dineros sí deben ejecutarse, acordando nuevas
posturas económicas que si ven en el sector de la salud
un beneficio, permitiendo un mejor nivel de gasto del PIB en
salud.
Pero como sabiamente decía Murphy: “lo peor puede
empeorar”. Ahora también hay iniciativas para convertir
la Subcuenta de promoción y prevención en una
Subcuenta de “salud pública”, dejando en hombros
del salario cada vez más precario de los trabajadores
un asunto que es de carácter eminentemente oficial. Tengo
que aclarar, eso si, que esta no es una iniciativa del gobierno
y que es bien intencionada. Infortunadamente, abriría
una puerta para que ahora ni siquiera se paguen las campañas
directas con recursos fiscales, ni la vacunación, y para
que se retiren las escasas fuentes de inversión o funcionamiento
dedicadas a los programas. Hay que advertir que ahora las vacunaciones
están financiadas con crédito externo y que hace
unos años estaban celosamente consignadas en el presupuesto
de la nación. Naturalmente, a muchos les caería
de perlas que estas responsabilidades las asumiera la famosa
Subcuenta de salud pública. Y si no, ¿para qué
una subcuenta con ese nombre? Sería preferible no hacer
esta guerra de pobres contra pobres, quitándole los recursos
de promoción a los afiliados del régimen contributivo.
Además, el asunto no es novedoso. Con esos fondos ya
se han pagado vacunaciones, aunque esas son cosas que no deben
ser ni prosperar, porque en general menoscaban la financiación
total del sector. La vacunación debería estar
asegurada con recursos distintos de los aportes parafiscales.
Y por supuesto, vale la pena preguntarse: ¿Cómo
es posible imaginarse el retiro del servicio en salud oral del
POS luego que los empleados pagan todo lo suyo, lo de los que
ganan menos, lo de los pobres, y a veces lo de salud pública,
mientras se sustituye el pari passu con sus aportes y luego
además se congelan los fondos de solidaridad? No va a
tardar mucho para que los empleados y las mismas EPS comiencen
a pedir su doceava de vuelta, luego de que: a) los incrementos
de copagos y cuotas moderadoras no alcancen para cubrir los
costos de la transición epidemiológica y demográfica,
que está en aumento y empeorará, y b) el efecto
de la apertura económica regional que se avecina, nos
expondrá al abaratamiento del empleo formal asociado
a la competencia indirecta con la mano de obra china, en donde
el salario mínimo apenas sobrepasa $180.000 pesos colombianos.
Además de estos existen otros argumentos de orden jurídico
que no es mi intención presentar, pero que pueden consultarse.
En resumen, hay que tomar este tema con calma, evaluando si
el nivel impositivo es adecuado, si estos recursos pueden ejecutarse
y sobre todo, preguntando: ¿Se va cumplir el pari passu
para que el punto de solidaridad se justifique como tal, evitando
que la idea de la solidaridad se desnaturalice y pierda su legitimidad?
Postdata: Recién se conoció la Sentencia de la
Corte Constitucional C-040/04, declarando inexequible la reducción
del pari passu a 25 centavos de aporte fiscal por cada peso
de los empleados, contenida en el artículo 42.20 de la
Ley 715 de 2001. Recomiendo estudiar la argumentación
de Hacienda rechazada por la Corte. |
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