MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 3    NO 37    OCTUBRE DEL AÑO 2001    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Trabajadores de la salud,

una lucha por la vida
Paula López Periodista, Medellín
Foto archivo
En un ataque contra el municipio de Vigía del Fuerte, en Antioquia, algunos de los 21 agentes de policía que murieron fueron ejecutados mientras recibían atención médica en el hospital local.
Estudios realizados por organismos como Human Rights Watch y la Organización Mundial de la Salud, han identificado en nuestro país 220 clases de infracciones a los trabajadores de la salud y a quienes hacen parte de la Misión Médica y Sanitaria: contravenciones contra la vida y la libertad personal, contra la infraestructura y contra el secreto profesional.
Entre las más recurrentes se encuentran las amenazas, los desplazamientos forzados del personal sanitario, las muertes de heridos y enfermos bajo protección sanitaria, las muertes de funcionarios del sector salud causadas por los actores armados, las retenciones de personal sanitario para prestar servicios, y las detenciones y capturas de funcionarios por acciones humanitarias.
En cuanto a las agresiones a la infraestructura, se presentan ataques a ambulancias o medios de transporte sanitario, ataques a hospitales, ocupaciones militares de unidades sanitarias, y la conversión de ambulancias, hospitales y clínicas en objetivos militares.
Casos aberrantes
La muerte de médicos, promotores de salud, bacteriólogos, auxiliares de enfermería, promotores de saneamiento, conductores, administradores, y todo tipo de personas que desarrollaban actividades de salud en zonas de conflicto, constituye un hecho muy grave en todos los departamentos, hasta el punto de obligar a los hospitales a restringir o suspender estas actividades; con lo cual se ha dificultado aún más el panorama para la prestación de servicios de salud en las zonas con problemas de orden público, no necesariamente rurales sino también urbanas.

En Antioquia, los municipios donde se han presentado mayor número de agresiones a los trabajadores de la salud han sido Dabeiba, San Francisco, Vigía del Fuerte, Peque, Yondó y San Carlos.

La muerte de heridos y enfermos, quienes han sido ultimados al interior de los servicios de urgencias, los quirófanos, las salas de hospitalización o en las ambulancias, cuando se realizaban los traslados a hospitales de mayor complejidad, constituyen otra violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario.
El desconocimiento de las reglas para humanizar el conflicto, así como el miedo de enfrentar situaciones tan complejas y peligrosas como éstas, no pueden seguir contribuyendo a que casos como el de Alba Rosa García Marín queden impunes ante la mirada atónita e inerme de los que continúan luchando por la vida en medio del fuego.
Además del dolor y la indignación que producen estas violaciones a la Misión Sanitaria, se puede generar una consecuencia que el país no puede darse el lujo de permitir: que el temor y el desánimo para que las nuevas generaciones de personal del área de la salud rechacen la posibilidad de laborar en las zonas más apartadas y desprotegidas del país.
 



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