MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 315 DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, anunció el nombramiento de siete nuevos interventores para las EPS, que comprenden a Nueva EPS, EPS Sanitas, Famisanar y otras cuatro compañías. Rubiano explicó que los elegidos se seleccionaron a partir de una base de datos y algunos de ellos habían desempeñado funciones como directores de hospitales públicos en administraciones anteriores del actual gobierno.
Con relación a lo anterior, la selección de los interventores nuevos no se realizó siguiendo el procedimiento normal del registro, debido a la ausencia de un acuerdo en el comité asesor.
Por lo tanto, la decisión quedó en manos del superintendente. Según Rubiano, “la Resolución 2599 de 2016 permite tomar estas decisiones con base en la idoneidad profesional de los seleccionados”.
Asimismo, Rubiano reconoció que los esfuerzos de intervención no han mejorado de manera significativa los indicadores de las EPS. Subrayó que el objetivo de esta administración es estabilizar las entidades y garantizar el acceso a los servicios: “Este Gobierno interviene para administrar, no para liquidar como ocurrió en gobiernos anteriores, que dejaron deudas impresionantes a la red pública y privada”.
A su vez, anunció auditorías forenses para evaluar la situación interna de las EPS intervenidas: “Esto no implica sospechas de corrupción en todas las entidades, pero necesitamos evidenciar, en blanco y negro, qué está ocurriendo al interior de cada EPS”.
Finalmente, el superinendente Rubiano mencionó que, aunque la liquidación de algunas EPS podría ser una opción dependiendo de los resultados de las auditorías, la prioridad es garantizar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.
Entre los nuevos interventores designados están:
El plan estratégico presentado por la Superintendencia de Salud establece siete acciones clave para impulsar un cambio significativo en el sistema de salud. Entre estas medidas se incluye la creación de indicadores con enfoque de derechos, que abarcan todas las etapas del servicio, desde la promoción y prevención hasta la rehabilitación y paliación. Además, se implementarán auditorías permanentes a las EPS e IPS intervenidas para garantizar su saneamiento financiero y la sostenibilidad del sistema mediante el manejo eficiente de las reservas técnicas.
Otro de los pilares del plan es la mejora de los indicadores administrativos, orientando las decisiones hacia la calidad del servicio para los usuarios. En ese sentido, las EPS deberán ampliar sus redes de IPS, garantizando tanto una cobertura adecuada como la libre elección del médico tratante. Asimismo, se asegura un estricto seguimiento para garantizar el acceso equitativo a medicamentos y tecnologías, promoviendo la equidad en la atención.
Finalmente, la Superintendencia subraya la importancia de la coordinación con el Ministerio de Salud y otros entes de control para proteger el derecho fundamental a la salud. Este trabajo conjunto buscará no solo garantizar la calidad y continuidad del servicio, sino también mejorar de manera constante la prestación de servicios a todos los ciudadanos.
Después de la decisión sobre los nuevos interventores, la Superintendencia pidió priorizar la investigación por desvíos de recursos en el caso de Mario Andrés Urán y EPS Coosalud. Se trata de la última decisión que emprendió el exsuperintendente Leal a su salida del cargo. Urán ha sido catalogado por varios medios como la persona que “manejaría los hilos del sistema de salud en el país”.
Urán, según la denuncia de la Superintendencia de Salud previa al anuncio de la salida de Leal, tendría injerencia en la administración y manejo de los recursos de la salud en diferentes EPS. En atención a una denuncia que recibió la entidad en septiembre pasado, hubo una “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las tres EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida)”. Así mismo, que habría habido un “favorecimiento de unos laboratorios y marcas específicas a través de un plan de compra presuntamente direccionado por el señor Mario Andrés Urán con Indira Ocando y Tony Negrette”.
En contraste, la senadora Paloma Valencia, basándose en datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), denunció que las siete EPS intervenidas por el Gobierno —Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Sanitas, SOS EPS y Nueva EPS— han incrementado su déficit financiero y los reclamos de los usuarios desde el inicio del proceso de intervención.
Valencia afirmó que estas entidades acumulan 463.000 reclamos, una cifra que supera los niveles registrados en años anteriores. Según sus declaraciones:
Además, la senadora advirtió que el modelo actual sigue siendo insostenible financieramente:
“La UPC es insuficiente aun en las EPS intervenidas por el Gobierno, donde desaparece la supuesta dilapidación de los recursos por parte de las EPS. Al sistema no le alcanzan los recursos”.
Valencia precisó que el gasto supera los ingresos en estas entidades:
En relación con la cartera vencida mayor a 360 días —pagos pendientes a hospitales y clínicas—, esta supera $1 billón, lo que implica un aumento de $0.5 billones en el último año. En particular, señaló que Sanitas, que no registraba deudas de este tipo en julio, ahora acumula $265.000 millones.
Por otro lado, la cartera vencida mayor a 30 días también alcanzó $1 billón, un aumento significativo frente a los $600.000 millones del año pasado. Las EPS con mayores adeudos son Sanitas, Famisanar y Savia Salud.
Asimismo, subrayó que las EPS intervenidas (sin incluir Nueva EPS) acumulan una deuda de $4.5 billones, con los siguientes porcentajes de distribución:
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