El informe Así Vamos en Salud evidenció las pérdidas que enfrentan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia debido al déficit financiero en los regímenes contributivo y subsidiado, con patrimonios negativos, siniestralidad superior al 100 % y pérdidas operacionales que comprometen la sostenibilidad del sistema de salud.

Con un patrimonio neto negativo acumulado de -7.1 billones de pesos, las pérdidas operacionales alcanzan los 3.1 billones, distribuidos entre el régimen contributivo con dos billones de pesos (64 %) y el subsidiado con un billón de pesos (36 %), un aumento del 85,3 % frente al trimestre anterior.

Este déficit se da principalmente en entidades bajo supervisión especial o intervención, que son las encargadas del 55,9 % de las pérdidas en operación. Solo dos entidades, Coosalud y Mutualser, conservaron un patrimonio positivo de 264 mil millones de pesos, aunque experimentaron una reducción en comparación con el trimestre previo, cuando llegaron a 307 mil millones. La mayoría de las EPS experimentan pérdidas en aumento. Sanitas registró un incremento del 440 % en su patrimonio negativo para 2023, en cambio, Capresoca y Comfenalco Valle experimentaron dificultades del 807 % y 171 % respectivamente.

Siniestralidad insostenible

Según el informe, también el indicador de siniestralidad, que mide los costos médicos y gastos administrativos, llegó al 99,6 %, y al incluir gastos administrativos, sube al 106,1 %. Por lo tanto, puede argumentarse que las EPS gastan más de lo que ingresan.

En orden cronológico, para el año 2022, la Asociación Colombiana de Empresas de medicina Integral (ACEMI) indicó que de cada 100 pesos que las EPS del régimen contributivo recibieron, pagaron 102 pesos por siniestros. “A junio de 2023 la relación era de 99 %. Esto quiere decir que el gasto administrativo y el costo del capital para cumplir con las normas de solvencia debió ser asumido con cargo al patrimonio de las EPS. A junio de 2023 el patrimonio acumulado de las EPS vigentes era de -2.7 billones”.

Para abril de 2024, Acemi publicó un informe en que se exponía que, en promedio, de cada $100 recibidos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las EPS gastaron $101 durante los últimos tres años.

Según mencionó Mario Fernando Cruz, vicepresidente de ACEMI: “No hay espacio para pago de administración, drena patrimonios. Se acumulan deudas e incumplen requisitos de habilitación financiera”.

Efectos de la intervención y medidas de la ADRES

Según Félix León Martínez, director de la ADRES, las EPS intervenidas ahora operan con un esquema de giro directo de buena parte de los recursos a clínicas y hospitales, como parte de las acciones para estabilizar el sistema. Sin embargo, desde el sector se insiste en que la crisis también está relacionada con la insuficiencia en la UPC y la demora en el pago de presupuestos máximos.

Cruz destacó otro aspecto que limita: “Minsalud tiene parqueados $5 billones en programas de funcionamiento. El año pasado drenó $1.3 billones de adición presupuestal para aseguramiento. Este año se quita un 5 % de UPC para equipos básicos. Hay un único responsable”.

Reformas estructurales: una necesidad urgente

La ausencia de datos actualizados de Nueva EPS, que representa el 22,8 % de los afiliados del país, introduce incertidumbre en las cifras generales.

En argumento a lo anterior, Así Vamos en Salud expresó: “El sistema de salud no puede seguir funcionando en estas condiciones. Se requieren medidas integrales que combinen ajustes normativos, estrategias de liquidez y control financiero para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos. Este llamado a la acción exige un enfoque integral para salvaguardar la calidad y continuidad de los servicios, especialmente para las poblaciones más vulnerables que dependen del régimen subsidiado y los recursos públicos”.

Quejas ante la Supersalud por deterioro en la atención de las EPS

El panorama de las quejas de los usuarios frente al sistema de salud en Colombia alcanzó un récord histórico en 2024, según el repositorio digital de la Superintendencia Nacional de Salud. Durante octubre, las denuncias superaron las 186.000, cifra que incluye reclamos relacionados con planes de medicina prepagada y regímenes especiales como el Magisterio y la Fuerza Pública. Este valor representa un aumento del 37 % en comparación con octubre de 2023.

En septiembre ya se había registrado un pico de más de 159.000 quejas, pero octubre superó ampliamente esta cifra. La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, calificó la situación como sin precedentes: “Estos guarismos no tienen precedentes desde que la Superintendencia lleva el registro”.

La mayoría de las quejas, el 92 %, corresponde a barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud. El porcentaje restante incluye denuncias sobre deficiencias en atención, procesos administrativos, infraestructura y logística. El incremento de reclamos afecta particularmente a las EPS que estaban intervenidas por el Gobierno hasta octubre, entre ellas Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Famisanar, Sanitas, SOS Salud, Capresoca y Nueva EPS. Además, con la reciente intervención de Coosalud, el gobierno gestiona directamente la atención de salud del 57 % de la población del sistema, una proporción significativa que enfrenta serios desafíos, reflejados en el alto volumen de inconformidades.

Cathy Juvinao responsabilizó a la desfinanciación del sistema como una de las principales causas de este deterioro. Según ella, “la desfinanciación deliberada del aseguramiento en salud está produciendo estragos. Extrajeron ilegalmente el 5 % a la UPC para financiar Equipos Básicos de Salud, dejando a su suerte a los enfermos que hoy necesitan tratamientos y medicamentos”.

La congresista también señaló que la falta de pago de los presupuestos máximos agrava las barreras de acceso a tratamientos de alto costo, afectando directamente la calidad de vida de los pacientes más vulnerables.