La violencia de género hacia las mujeres en Colombia, además de manifestarse en diversos escenarios que van desde lo privado hasta lo público, genera secuelas negativas para la salud mental de quienes la padecen. Esto crea un doble trasfondo en el que la mujer no solo lidia con el daño y verse en el rol de víctima, sino que también debe enfrentar el deterioro de su bienestar emocional y psicológico.

Una agresión en muchas formas

De acuerdo con la Ley 1257 de 2008, en nuestro país se han identificado cinco tipos de violencia de género que “pueden afectar a cualquier mujer, sin excepción”. Estas son:

• Física: involucra toda clase de agresión al cuerpo, incluidas “quemaduras o ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos”.
• Psicológica: implica “insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, celos extremos o intentos de control”.
• Sexual: contempla acoso, tocamiento no consentido, relaciones sexuales y otros actos “de tipo sexual en contra de la voluntad”.
• Económica: incluye limitar y controlar de forma abusiva las finanzas personales, así como incumplir las obligaciones con los hijos o hijas en común.
• Patrimonial: se refiere a la destrucción, restricción o retención de los instrumentos de trabajo, pertenencias o documentos personales.

Adicionalmente, en los últimos años se han realizado avances para incluir la “violencia vicaria” como una manifestación de la violencia de género. Esta tipología, también llamada “por sustitución”, se caracteriza por la muerte, daño o sufrimiento causado a los hijos o hijas, sean compartidos o no, como una forma de dañar colateralmente a la mujer. Es un tema abordado parcialmente por la Ley 2126 de 2022 y la Sentencia T-245A/22, que busca consolidarse a través del Proyecto de Ley 062 de 2023, conocido como la “Ley Gabriel Esteban”.

Detrimento a la salud mental

De acuerdo con ONU Mujeres, “una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja”. Esto afecta negativamente su bienestar, ya que “impide que participen plenamente en la sociedad, afecta a sus familias, a la comunidad en la que viven y al país en su conjunto. Supone costos altísimos, desde una mayor atención sanitaria y gastos legales hasta pérdidas de productividad”. Además, solo el 40 % de las afectadas busca algún tipo de ayuda tras experimentar estos episodios.

En general, “la violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres”. Un estudio de la OMS (2013) indicó que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, como sífilis, clamidia y gonorrea, así como VIH en algunas regiones. En términos de salud reproductiva, tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos y un 16 % más de probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer.

La violencia conyugal también aumenta los problemas de salud mental, ya que las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión en comparación con aquellas que no lo han experimentado. Asimismo, esta población es el doble de propensa a abusar del alcohol.

Según un artículo de la revista Mental Health in Family Medicine, los efectos a largo plazo a nivel de salud mental pueden incluir trastorno por estrés postraumático (TEPT), depresión y ansiedad.

¿Cómo se aborda actualmente?

En Colombia, contamos con la Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencias de Género, planteada desde 2008 como el conjunto de acciones articuladas para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. Esta ruta, de carácter intersectorial, depende de dos factores principales: el tipo de violencia de género y la disponibilidad de instituciones y servicios en los territorios, lo que condiciona su efectividad.

La ruta incluye al sector salud, a través de IPS, EPS, EAPB, ESE y ARL; al sector justicia, con Comisarías de Familia, Fiscalía, Sijín, CTI, Medicina Legal y Policía Nacional; y al sector de protección, con el ICBF. A esto se suma el sector educativo, comprometido con la prevención, identificación, atención y denuncia de casos de violencia de género.

Otra estrategia nacional es la Línea 155, implementada desde 2013 para orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género. Según el Boletín Línea 155, en sus primeros 10 años de funcionamiento se realizaron 212.947 orientaciones efectivas.

Finalmente, el gobierno actual ha declarado la Emergencia Nacional por Violencias Basadas en Género, contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022– 2026, sancionado bajo la Ley 2294, que incluye el programa SALVIA para el registro y seguimiento de casos de violencia contra las mujeres.

*Las investigaciones y encuestas citadas son las últimas publicadas, por lo tanto puede presentarse sesgo en la información frente a los últimos años.

Notificaciones de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar

Fuente: Observatorio de Feminicidios

Feminicidios desde el 2019 hasta el 2024

Fuente: Observatorio de Feminicidios