MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 97   OCTUBRE DEL AÑO 2006    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

“Informes deben relacionarse
con gestión de los institutos”
José Yesid Carrillo Cantillo - elpulso@elhospital.org.co
Según el senador liberal Luis Guillermo Vélez Trujillo, los debates que generan la presentación de estos informes que giran en torno de lo social, “se deben relacionar con la gestión que realmente realizan los institutos de gobierno cuya función misional es la prestación de servicios sociales a los más pobres. En este sentido, un debate social en Colombia frente al Sena sería productivo si se puede establecer el costo-beneficio del Sena en materia de educación y preparación para el empleo y el emprendimiento. O un análisis sobre el mismo aspecto en el Instituto de Bienestar Familiar que nos permita por lo menos saber, por ejemplo, cuánto vale verdaderamente un desayuno en un restaurante escolar”.
Anota que las metas de este cuatrienio, del Plan 2019 y las llamadas del Milenio a nivel internacional en materia de reducción de la pobreza, no se podrán alcanzar en Colombia si no se tiene una evaluación clara y precisa de cuáles son los resultados de estas instituciones sociales. Y afirma: “Aparentemente lo vienen haciendo bien, pero esa bondad hay que corroborarla con análisis técnicos que nos reporten datos y hechos. No vaya a ser que nos llevemos sorpresas como las que nos trajo el estudio de pobreza que dirigió el doctor Hugo López, donde nos dimos cuenta que gran cantidad do los subsidios estatales no iban a los pobres sino que quedaban en las clases altas e intermedias”.
 
Hablando de vulnerables, ¿cuántos
desplazados hay en Colombia?
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes-, señala en su más reciente informe que “el gobierno, antes que reconocer la crisis social y humanitaria del desplazamiento, intenta desconocerla por la vía de las estadísticas o por acciones administrativas, como el rechazo creciente en el Sistema Único de Registro -SUR-”. Según el Censo Nacional de Población 2005 realizado por el Dane, en Colombia hay 800.000 personas desplazadas, es decir un 43% menos que el total de personas inscritas en el Sistema Único de Registro (SUR) de la Agencia Presidencial de Acción Social.
En los últimos años el presupuesto para la atención a desplazados ha aumentado: mientras que en 2004 se destinaron $560.000 millones en programas de ayuda, en 2006 la cifra se ha multiplicado ($860.000 millones); pese a ello, los recursos siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema.
Codhes concluye que pese a la existencia de avances importantes en algunas instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Ministerio de Educación y el Sena, entre otras, las acciones desarrolladas por el gobierno no están encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte en su sentencia T-025 de 2004, y por eso se reclama una política basada en indicadores objetivos de realización de derechos de la población desplazada.
 
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