B ajo el título de “Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos”, el capítulo primero de lo que será el Plan de Desarrollo 2018-2022 trae las líneas de acción definidas por el gobierno de Iván Duque como norte del sector para los próximos cuatro años. Si bien algunos de sus componentes han sido explicados por el ministro Juan Pablo Uribe, la totalidad de la propuesta se ve aún más ambiciosa, aunque un asunto diferente es que tanto del plan se podrá cumplir, y cuál es la interpretación que algunas premisas generales contenidas en el mismo dará el gobierno a lo que ahora anuncia como un “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

En líneas generales, un plan de desarrollo gubernamental consigna los lineamientos de lo que será la administración pública, en este caso en el ámbito nacional, durante el periodo para el cual fue elegido el mandatario, de ahí que su contenido cobre importancia para conocer en qué áreas se pueden esperar acciones, bajo cual visión se aplicarán, y cuál es el marco filosófico para su desarrollo.

Un primer elemento que llama la atención es la reiteración del Gobierno Duque en que los objetivos se alcanzarán a través de un “pacto”, término utilizado en cada acápite del documento, y que se convierte en una insistencia que hace pensar en la necesidad de acuerdos o compromisos donde los involucrados aceptan respetar lo pactado y obliga al cumplimiento de ciertas pautas. La pregunta es: ¿con quién se adelantarán los pactos: con la oposición, la ciudadanía, los partidos políticos? Y esto cobra relevancia en la medida que los pactos son incumplibles cuando una de las partes falla o deshace su participación.

Lineamientos generales

El Plan de Desarrollo 2018 – 2022 parte de una premisa: conseguir equidad como resultado del emprendimiento más la legalidad. Incluye 11 bases transversales dentro de las cuales se encuentran la sostenibilidad, CTI, transporte y logística, servicios públicos, transformación digital, recursos minero-energéticos, identidad y creatividad, igualdad de la mujer, personas con discapacidad, grupos étnicos y construcción de paz. Esta bases se proyectarían a las diferentes regiones del país (nueve especificadas en el plan) y con metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible.

El análisis que el gobierno del presidente Iván Duque hace del país muestra a una Colombia con “una fuerte caída de la pobreza de 49,7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, del 16,3% a 31,0% en el mismo período”. Reconoce además la persistencia de factores y restricciones que de no enfrentarse exitosamente comprometerán la continuidad del cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor equidad y calidad de vida para todos. Algunos de estos factores serían: el estancamiento de la productividad en la última década, el incremento de las economías ilegales, aumento en la corrupción y de la percepción de impunidad, grandes disparidades regionales en particular en contra de la Colombia rural, alta informalidad laboral y empresarial, costos tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial, grandes rezagos para la transformación digital, y vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y al cambio climático.

Y es el PND 2018-2022 quien en teoría trazará el curso de acción para remover dichos obstáculos y generar las condiciones para el crecimiento económico y la equidad. Ahora bien, este pacto estaría convocando básicamente a las inversiones públicas y privadas, así como a los esfuerzos del gobierno para definir prioridades camino a una “verdadera transformación” donde se creen espacios de coordinación hacia el cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus regiones.

Por su parte para el gobierno la definición de equidad se da en el plano de las oportunidades y no en la disminución de las desigualdades: “es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una vida digna”. Los elementos para alcanzar esta visión particular de equidad serían: incremento en la productividad liderada por una transformación digital y una apuesta por la agroindustria; una mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial; mayor eficiencia del gasto público; una política social centrada en la familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el aprovechamiento de las potencialidades territoriales.

Este pacto por la equidad incluye propiciar oportunidades para la inclusión social y productiva. Entre las de la inclusión social están el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat. En cuanto a las oportunidades para la inclusión productiva el pacto se enfoca en el acceso a mercados de trabajo e ingresos dignos, haciendo especial énfasis en la conexión a mercados de trabajo por parte de la población pobre y vulnerable.

La propuesta para alcanzar resultados sociales sin embargfo queda limitada en el mismo PND 2018 – 2022 a la existencia de nuevos recursos: “logremos incrementos en la formación de capital y aumentos de la productividad multifactorial, lo cual se reflejará en una ampliación del crecimiento potencial de nuestra economía, pasando de 3,3% en la actualidad a 4,1% en los próximos años. Este aumento en el crecimiento de largo plazo es una condición importante para el logro de nuestros objetivos en materia de equidad social, reducción de la pobreza, mayores ingresos para nuestros ciudadanos y en la generación de empleo formal y de calidad”.

E incluso se afirma: “Gracias a estos resultados será posible reducir la pobreza monetaria en cerca de 6 puntos porcentuales, la cual pasará de 27% en la actualidad a 21% en 2022, la pobreza extrema se reducirá en 3 puntos porcentuales, pasando de 7,4% actualmente a 4,4% en 2022, la pobreza multidimensional disminuiría 5,1 puntos porcentuales, con lo cual pasará de 17% a 11,9%, y se generarán 1,6 millones de empleos adicionales durante este período”.

Plan de Inversiones 2019-2022

Las fuentes de recursos para materializar las apuestas del gobierno nacional en los próximos cuatro años se basan en la concurrencia de inversiones por valor de $1.100 billones (a precios constantes de 2018), con un gasto público aproximando de 26% del PIB para los próximos cuatro años. Los usos están determinados por la implementación de los 18 pactos establecidos del PND, los cuales se implementan en programas y proyectos de inversión que se ejecutarán para cumplir las metas establecidas y que permitan alcanzar una tasa de crecimiento superior al 4%. Estas fuentes de inversión implican la concurrencia del sector público y el sector privado para apalancar proyectos y donde la principal fuente de financiación corresponde a recursos públicos por el orden del 66,6% mientras que el sector privado contribuye con el 33,4%.

El componente público se encuentra dividido en cinco agrupaciones: en primer lugar, el Presupuesto General de la Nación (PGN) con un 32,1% donde se consideran principalmente los recursos de inversión de todos los Ministerios sectoriales, y un componente de funcionamiento de los sectores de defensa y salud (aseguramiento del sistema). En segundo lugar, dentro de la concurrencia de inversiones, se encuentran los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con el 15,3%, y que corresponde a las transferencias del gobierno central a las entidades territoriales. En tercer lugar, los recursos territoriales y de las empresas del nivel subnacional con un 11,7%; en cuarto lugar aportan las empresas estatales y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), con un 4,4% y que apalancarían proyectos nacionales y territoriales.

En la propuesta el sector privado contribuye con una tercera parte del plan de inversiones, pero con una aclaración: “el sector público permite apalancar inversiones del sector privado con un efecto multiplicador sobre la economía”. Acá se destacan las inversiones en infraestructura, vivienda, agricultura, educación y demás sectores, que contribuyen logro de las metas establecidas en el PND.

Finalmente en cuanto al manejo de los recursos, el pacto por la equidad concentra casi la mitad de los recursos, $516 billones (47,1%), al incluir las inversiones de los sectores de educación, salud, vivienda e inclusión social. El pacto por la legalidad tendría una asignación de $111 billones (10,1%), y el pacto por los recursos minero-energéticos obtendría una destinación de $97 billones (8,9%). El pacto por la descentralización (conectar territorios) ocuparía $53,8 billones (4,9%) del total presupuestado.