D esde el año anterior la prensa nacional anunciaba que, según el Reloj de Población Proyectada del DANE, el 21 octubre de 2018 Colombia superaría la cifra de los 50 millones de habitantes. Efectivamente, el día previsto para este año marcó que Colombia contaría con 50’001.653 de personas (El Espectador, 21 de octubre de 2018), aunque pocos días después el reloj fue desactivado.

La cifra de los 50 millones ha estado en la mente de los analistas y del público en general, y sobre ella se han efectuado diversos análisis, se asignan recursos públicos y se adelantan evaluaciones de política. En el caso de la salud, se ha ganado confiabilidad en cuanto a las proyecciones de población y los resultados de estudios poblacionales, como las encuestas de calidad de vida, que muestran cifras similares sobre la cobertura del sistema.

Sin embargo, en medio de la desactivación del reloj del DANE, en rueda de prensa del pasado 6 de noviembre el director de la entidad anunció que según el censo realizado este año la población colombiana no llegaría a los 50 millones, pues solamente se habrían contado en todo el territorio a 45,5 millones de personas, casi un 10% menos. Ante esta diferencia, surgen muchas preguntas y habrá tema para discusiones amplias e interesantes, pero por lo pronto conviene examinar los efectos que puede tener para el sistema de salud, especialmente en cuanto a cobertura y a los recursos para financiarla.

Lo que tenemos acerca de la población afiliada

Los análisis sobre población afiliada y recursos se han efectuado basados en dos tipos de fuentes —los registros administrativos y las encuestas—, y aunque es normal que se presenten discrepancias entre ellas, lo cierto es que han alcanzado gran similitud y ello genera confianza en cuanto a las cifras que se revelan periódicamente. Por ejemplo, para 2017 la proyección del DANE daba cuenta de 49.291.609 habitantes y, según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de ese año, la cobertura de la seguridad social en salud ascendía a 94,6%, de modo que 46.254.000 personas hacían parte del régimen contributivo, del régimen subsidiado o de un régimen especial, y 2.542.000 personas no estaban afiliadas.

Las cifras anteriores tienen una buena coincidencia con el último Informe del Ministerio de Salud y Protección Social, presentado en julio de este año, y basado en los registros que reportan las entidades encargadas del aseguramiento, y supuestamente respaldados por la identificación de las personas afiliadas: la población afiliada en 2017 ascendió a 46´767.327 y la de no afiliados a 2´524.282. Estas cifras difieren de las anteriores en solo un 1% y la tasa de cobertura ascendería a 94,5. Como lo señala el propio informe en su página 102, respecto a la confiabilidad de esta información y a la expectativa de los resultados del Censo:

“Entre 2014 y 2017 el comportamiento de la afiliación y la cobertura ha presentado dos momentos diferenciables; un crecimiento del número de registros de afiliados seguido de una corrección en el crecimiento de la afiliación, explicada por la intervención de las fuentes de información para mejorar su confiabilidad. Este proceso de depuración hace que las cifras de aseguramiento en salud a nivel nacional sean cada vez más precisas y confiables <…> La información del DANE que se usa para el cálculo de la cobertura, tiene como denominador las proyecciones poblacionales, las cuales son un producto de un ejercicio con técnicas estadísticas y demográficas, que tiene como base el censo de población llevado a cabo en 2005. La realización del censo en curso debe dar una base de población más precisa que permita mejorar la estimación” (subrayado de los autores).

Lo que se destina para financiar la cobertura

Manteniendo como base los registros administrativos, que casi coinciden con las estimaciones realizadas a partir de estudios poblacionales, el país asigna recursos públicos para financiar la atención en salud, en particular de quienes están afiliados a una EPS, mediante el pago de la unidad de pago por capitación (UPC). En el Informe del Ministerio de 2018 se da cuenta de un gasto de $38,3 billones, teniendo en cuenta $854.000 millones destinados a población no afiliada y sin contar los regímenes especiales. En el cuadro se presenta un estimativo del gasto para 2018.

Las implicaciones de las cifras del Censo

Las cifras del censo anunciadas por el DANE generan un “descuadre” y ponen en duda las que se han usado en los últimos años, y lo más delicado, sugieren que los recursos destinados a financiar la salud, al igual que los resultados en materia de cobertura, resultan superiores por el simple hecho de modificar el denominador por uno menor al que se usaba.

En el caso de la población, como se muestra en el cuadro, si se calcula la diferencia entre los registros de aseguramiento a octubre de 2018 y los resultados preliminares del censo nacional, se obtiene una discrepancia de millón y medio de personas. Es como si estas personas no hubieran participado del censo, o aparecen registradas en el sistema, pero debe aclararse su situación real: ¿han fallecido? ¿Están en el exterior? ¿Están doblemente contabilizadas? ¿Hay fraudes en los registros?

A partir del contexto nacional, es posible que las discrepancias varíen a nivel territorial. A manera de ilustración, en la gráfica se presenta una comparación para cinco ciudades. Aunque en todos los casos la población afiliada sobrepasa los resultados preliminares del censo, y en algunos casos las proyecciones de población, hay diferencias. Por ejemplo, en Bogotá la población afiliada supera en un 6% la del censo y es inferior a la proyectada en cerca del 7%; en cambio, de forma similar a Valledupar, en Medellín los afiliados exceden tanto el dato del censo (9%) como la proyección (4%). Un caso llamativo es Cali en donde la población afiliada supera el censo en 18% y está un 8% por debajo de la proyección.

Ahora, en cuanto a recursos, si se tiene en cuenta la UPC que se destina a cada régimen, la diferencia asciende a $1,38 billones. En este caso, con las implicaciones fiscales que deberían llamar la atención de los organismos de control, conviene preguntarse si estos recursos en realidad no tienen su correspondencia con la población afiliada, y en tal caso cómo se manejará el asunto: ¿Se recortará el presupuesto destinado a la atención en salud? ¿Se destinarán los “recursos sobrantes” para cubrir el déficit del sistema? ¿Se debería ajustar la UPC para reconocer la nueva realidad?

Conclusión

Los resultados preliminares del Censo de 2018 deben dar lugar a un debate público, argumentado y con participación de la academia y de organizaciones independientes. Aunque especialmente la información socioeconómica y geográfica será un insumo muy valioso para comprender dinámicas de la población colombiana, es preciso establecer la confiabilidad del conteo realizado para modificar o no las bases de población que han servido para los análisis y la formulación y evaluación de políticas. Mientras se conocen pronunciamientos del DANE, hay dos escenarios posibles:

• Faltó población por contar. Tal vez el Censo no logró llegar a toda la población y no cumplió a cabalidad el propósito del conteo. En este caso, se espera un ajuste y por tanto la cifra final estaría entre 46 y 49 millones de personas.
• Sobran recursos. De asumir las cifras del Censo, el resultado ineludible es que sobran recursos, como que la cobertura de muchos programas sería superior a la que se ha calculado. Este escenario resulta más complicado, pues hay recursos de por medio, así que se espera un pronunciamiento del Ministerio y de otras entidades del sector para examinar las implicaciones.

Referencias:

DANE, Boletín Técnico Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), 2018, Bogotá D.C, 2da entrega, 6 de noviembre de 2018

Resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2017.

Ministerio de Salud y Protección Social. Informe al Congreso de la República. Cuatrienio 2014-2018, 2017-2018. Bogotá D.C., julio 2018.