Lo No POS: responsabilidad de entes territoriales Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co La Sentencia C-463 reitera la posición que la Corte Constitucional ha sostenido ante lo no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), afirma el doctor Carlos Vega, médico y abogado, docente del CES: ”La Corte repetidamente se manifiesta con sentencias en las que antepone el derecho a la vida en forma conexa con el derecho a la salud por encima de otros argumentos que el Sistema tiende a considerar, como aspectos económicos y financieros, e inaplicando la normatividad legal y reglamentaria; pero esta vez, la Corte legisló sobre un tema no tocado por la Ley 1122/07, al ampliar el contenido de la Ley”. La afirmación se sustenta en que la norma acusada de inconstitucionalidad, el literal J del artículo 14 de la Ley 1122, sólo mencionaba los casos relacionados a enfermedades de alto costo y a medicamentos no incluidos en el POS, y para los casos en que las EPS no llevaran a consideración oportuna del Comité Técnico Científico los requerimientos; la Corte concluye que existe vulneración al derecho a la igualdad al referirse sólo al régimen contributivo, a patologías de alto costo y a medicamentos, estimando que esa precisión tan exacta viola el derecho a la igualdad. Para el doctor Vega, al extender el alcance de la ley, la Corte fue más lejos de lo que la ley había ordenado y por lo tanto, habría co-legislado; sin embargo, no cree que la sentencia haya igualado los planes de beneficios contributivo y subsidiado, pero si igualó el acceso a las prestaciones No POS. Para el doctor Vega, la prestación de servicios no incluidos en el POS ya fue reglamentada en el decreto 1938/94 y reemplazado por el decreto 806/98, en donde se determina que los afiliados al contributivo cuando necesiten prestaciones por fuera del POS pueden recibir, en caso de carecer de recursos propios, un amparo de pobreza a través de instituciones estatales o de las privadas con las cuales se tiene contrato, y con cargo a los recursos del Estado: “Decreto 806: Artículo 27. Parágrafo: Cuando el afiliado al régimen contributivo requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS, deberá financiarlos directamente. Cuando no tenga capacidad de pago para asumir el costo de estos servicios adicionales, podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado, las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta y cobrarán por su servicio una cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes”. El problema de la norma es no ser explícita sobre a quién se le cobra la cuota de recuperación. El recobro, según el doctor Vega, debe hacerse a los entes territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP); sin embargo, las consecutivas sentencias de jueces y de la misma Corte, condenaron sucesivamente a las EPS pero con la facultad de recobrar al Fosyga, lo cual no se decía en la norma; de allí que por costumbre y jurisprudencia, terminó siendo Fosyga el pagador de unas atenciones que le corresponderían al gobierno.   Más información... Sentencioso revolcón - Sistema de salud recibe sacudida de la Corte Constitucional En días recientes, dos sentencias de la Corte Constitucional sacudieron los cimientos del sistema de salud colombiano: Una es la Sentencia C-463 de mayo 14 de 2008 en respuesta a la demanda de... 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