MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 120  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Según estudio del ex ministro Alberto Carrasquilla
EPS: las “castigadas”
del sistema de salud

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Sin proveedores privados se compromete la viabilidad del objetivo de “universalidad solidaria y eficiente”, aseveró el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en extenso estudio titulado El régimen contributivo en el sistema de salud en Colombia: Situación actual, perspectivas y desafíos, donde propende por un vuelco total hacia un sistema contributivo global con fuerte participación privada; en su sentir, la provisión privada de aseguramiento es esencial y lo será aún más, a medida que el país haga tránsito a la cobertura universal unificada.
Considera que el contexto sistémico de la Ley 100/93 es adecuado en generalidades y estructura para lograr la cobertura universal, “si bien siempre será respetable argumentar que podría mejorar”, y anota que “tiene el desafío de superar las barreras a la utilización adecuada de los recursos financieros”. Los 3 capítulos versan sobre características esenciales del sistema de salud, análisis comparativo con esquemas vigentes en otros países, relación entre sector público y privado, valor y proyección de flujos financieros y servicios para fijar el papel del sector privado en Colombia y aspectos financieros del régimen contributivo y la prestación privada. Carrasquilla sostiene que en este contexto es perfectamente alcanzable el objetivo constitucional de cobertura universal, equitativa y eficiente.
EPS, nuevas “desplazadas”
A la pregunta: “¿Qué pasaría con el patrimonio de las EPS de mantenerse el status quo?”, Carrasquilla contesta que “si se mantiene constante el flujo de endeudamiento”, el valor de la pérdida financiera entre 2007-2010 llegará a $94.830 millones (16.6%) del patrimonio conjunto actual, y el cálculo sería aún subestimado. Por ello, alerta sobre el “riesgo” de desplazamiento de estas entidades “hacia actividades con mayor rentabilidad privada”.
Pero considera que redefinir el POS
“amerita mucha reflexión”, pues habría
que incrementar la UPC en casi 17%,
que sería una carga muy grande
para los contribuyentes y para las
compañías por la creación de empleo
formal y subiría mucho el gasto en Salud,
hoy situado en 7.8% del PIB
En las conclusiones se destacan como “enormes avances en términos de la cobertura en salud a partir de la Ley 100/93”, la cobertura actual cercana al 84% de la población nacional, en contraste con menos de 20% a principios de los 90´s cuando la cobertura era excluyente, inequitativa e ineficiente; la universalidad como eje rector gracias a la Constitución del 91; la acción conjunta público-privada; los subsidios cruzados y el mercado como proveedor de servicios de salud. No obstante, anota que “no hay razón alguna para la complacencia”, pues el Sistema carece aún de cobertura universal pese al mandato constitucional que daba plazo hasta 2001, subsisten las inequidades, la necesidad de pasar de un régimen subsidiado a uno contributivo y la angustia de la sostenibilidad financiera.
Alude a “limitaciones a la actividad empresarial”, pese a las “excelentes intenciones y loables propósitos” del sector privado y a la “creciente diferencia entre el POS reglamentario y pre-acordado contractualmente, y el POS real” o No-POS, que “castiga” el patrimonio de las EPS, desbalancea el Fosyga y afecta la capacidad del presupuesto nacional para las obligaciones de ley; conceptúa además que la “marcada asimetría” entre la dinámica de los obligatorios cumplimientos de sentencias judiciales y la actualización del financiamiento (UPC), compromete la operación eficiente de las aseguradoras.
En aras del equilibrio financiero, de la sostenibilidad, de la ampliación de cobertura a 100% y de la equidad, el estudio propone reducir el peso relativo del régimen subsidiado, repensar la relación Estado-sector privado y “redefinir de manera creíble y consistente con la realidad judicial, el cubrimiento del POS”, para evitar incrementos por vía de acciones de tutela. Ilustra los riesgos y costos con el deterioro del “patrón de endeudamiento financiero continuo”, hoy superior a 16.6% del patrimonio conjunto de las EPS y agrega que el “golpe patrimonial” a ellas “es también un golpe a la calidad del servicio o al ritmo al cual Colombia logrará tener cobertura universal en salud”. Pero considera que redefinir el POS “amerita mucha reflexión”, pues habría que incrementar la UPC en casi 17%, que sería una carga muy grande para los contribuyentes y para las compañías por la creación de empleo formal y subiría mucho el gasto en Salud, hoy situado en 7.8% del PIB. Además de esto, se abstrae la necesidad de elevar paralelamente la UPC subsidiada, y así ese 17% sería una subestimación del aporte adicional del régimen contributivo”.
Por lo anterior, concluye que las alzas tendrían “impactos adversos sobre el empleo y la formalidad”. El estudio del ex ministro Carrasquilla dice finalmente que “la sostenibilidad financiera del sistema, en su componente contributivo, se podría lograr (en el mejor de los casos) a costa de la población que, de otra forma, muy bien podría hacer tránsito hacia la formalidad laboral” y añade que la cobertura total en salud a partir de la reglamentación del POS y de las decisiones judiciales que lo complementan, “requiere de un esfuerzo económico adicional”. Aquí cabe preguntar ¿cuál sería esa“otra forma” para el “tránsito hacia la formalidad laboral” o ¿en qué consistiría ese “esfuerzo económico adicional”? Mejor dicho: ¿de dónde saldría la plata? Las conclusiones rematan con la aseveración: “De lo contrario, la coparticipación del sector privado en el sistema de salud colombiano podría desaparecer”, especie de cuñita que aparece de principio a fin en el Estudio, como Espada de Damocles sobre el pecho del quebrantado sistema de salud colombiano.
 
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