“El aseguramiento no corre peligro” Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co Las implicaciones de la sentencia C-463 de la Corte Constitucional es la preocupación de la mayoría de actores de la salud en el país. El doctor Julio Alberto Rincón, director de Cosesam, cuestiona si luego de la sentencia existe un POS determinado o un sistema de salud abierto que incluye todo: “Todos los sistemas de salud tienen limitaciones, y cuando se valora el monto de la UPC se contempla para qué alcanza, ciertos servicios con una frecuencia y de acuerdo con una población determinada. Cuando esos servicios son ilimitados, la pregunta es cómo valorar su costo; por eso no creo que la sentencia sea tan abierta y que lo que cualquier médico recete deba pagarse sin importar las consideraciones científicas que permitan reemplazar lo ordenado en primera instancia y a un costo más accesible para la sociedad”. Pese a lo anterior, el doctor Rincón no cree que sea válido afirmar que se pone en riesgo el aseguramiento, por cuanto éste es una forma de organizar los servicios de salud, y por tanto es un concepto diferente al del plan de beneficios, que sí podría desaparecer: “Hay que renegociar las obligaciones de las aseguradoras y redefinir el valor que se les reconoce, y allí viene un tema grave: posiblemente habría que subir la prima que pagan los afiliados al contributivo. La salud es un derecho constitucional que garantiza el Estado, que a su vez buscó a terceros para garantizar ese derecho, y si ya no es claro el límite de hasta dónde se debe cubrir, habrá que cambiar el concepto de la UPC, situación que trasciende el ámbito del CNSSS e incluso de la futura CRES, y requeriría la participación del Congreso de la República para redefinir lo que queremos como país”. En el caso de la población no asegurada, y cuya responsabilidad recae sobre los entes territoriales, la situación no varía mucho, puesto que en la actualidad todo el costo de las prestaciones son asumidas por el Estado, y al no pertenecer a ningún régimen, los planes de beneficios no aplican para ellos. Lo que sí podría presentarse según el doctor Rincón, es un desbordamiento de los costos al aplicarse el principio de igualdad y aumentar las acciones de salud en el subsidiado: “En el subsidiado y el contributivo existe un doliente que pagaría el 50% y el Fosyga el otro 50%. Con los 'vinculados', la figura de asegurador la asume el Estado y el Fosyga, y por lo tanto, al final es con recursos públicos que se asume la totalidad de la carga; allí posiblemente habría un desbordamiento en los costos y para los cuales quizás no haya recursos suficientes”.   Más información... 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