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En Colombia no hay turismo de trasplantes, ni la mayoría
de los pacientes extranjeros son ricos como creen algunos.
Esta nueva xenofobia está ocultando una negación
generalizada de estas cirugías a los más pobres,
nacionales y foráneos, los que más mueren por
falta de un órgano, porque el negocio no es hacer trasplantes
sino negarlos. Mejor dicho: son más rentables para
las aseguradoras los tratamiento prolongados a pacientes,
incluso con enfermedades terminales, que darles una opción
de vida definitiva y humanista: el trasplante, sobre todo
cuando esos tratamientos largos los costea el Estado, mientras
que la medicación del trasplantado corre por cuenta
de las EPS.
De chico, Andrés Góndola jugaba béisbol
en Panamá y se refrescaba con cerveza. "Cuando
decidí dejarla -narra- tenía como 35 años
y 5 años después me enfermé del hígado,
mi señora se puso a buscar hospitales por internet,
me negaban, me hacían diálisis cada semana,
y transfusiones pues perdía mucha sangre, me dio encefalopatía,
perdí la memoria varias veces, no me acordaba dónde
estaba ni con quién, una trabajadora social me habló
de una familia Valbuena que tenía el mismo problema
mío, el gastroenterólogo Norberto Carreño
me mantuvo hasta que llegué a Medellín el 16
de mayo de 2010, conocí al abogado Julio León
Escobar Castañeda, quien me ayudó a poner la
tutela. Lo único que me acongoja es que el Ministerio
de la Protección Social me negó dos veces el
órgano; aunque gané la tutela, estuve a punto
de morir, pero gracias al Señor, al buen corazón
de la gente del Hospital de San Vicente, y a mi gobierno,
el cual me costeó el trasplante, estoy muy bien".
Bielca de Góndola, esposa de Andrés, es secretaria
de una perfumería en Panamá. Ella ha vivido
este drama al lado de su lado, y relata: "Yo le presenté
el problema al Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli,
y él nos ayudó con el costo del trasplante.
Yo no gano mucho, para reunir el pasaje a Colombia tuve que
cobrar el cheque de las vacaciones. Tengo tres hijos: el grande
tiene 25 años y dos niñas de 13 y 17; ahora
mismo tuve que pagar una señora para que se quede con
ellas y dejar dinero para que coman; vea, la chiquita se me
reprobó tres materias, en el colegio los profesores
me decían: 'es porque tú no estás con
ella' . Cuando la llamo para que nos oiga, ella llora y me
dice: 'Mami, regresa'. Aquí los vecinos, el abogado
y otras personas nos ayudan con la alimentación, debemos
casi US$11.000 dólares al dueño del edificio
por arrendamiento, alimento y servicios públicos, y
cada tres meses tenemos que regresar a Medellín. Andrés
hospitalizado, tuvo varias recaídas, nos pusieron en
lista de espera, siempre nos dijeron que el próximo
órgano era para él, pero cuando venían
los órganos, decían que lo mandaran para Cali
o para otro lado, pusimos un desacato del fallo de tutela,
y ni así llegaba el hígado… Andrés
se puso mal. ¡Por favor, pido que no les cierren las
puertas al extranjero, porque eso es cerrarles la vida!".
"Uno parece un globo"
"La operación fue un poco dolorosa -cuenta
Andrés Góndola- pero el doctor Jorge Gutiérrez
es muy buen cirujano, se lo recomiendo a cualquiera, hizo
un trabajo excelente. El 6 de diciembre de 2010, me metieron
a la sala a las 7:00 de la mañana y como las 10:00
de la noche yo estaba despertando. A lo primero, se le hincha
todo el cuerpo, uno parece un globo, pero poco a poco va bajando,
tiene dolores pero no como de morir. Y vea, cosa rara: a mí
no me gustaba el arroz y ya me gusta, y antes me gustaba la
sopa de verduras y ya no. El Señor me ayudó
a regresar a Panamá con una nueva vida".
A Julio León Escobar Castañeda, abogado, ex
juez y catedrático universitario, también le
trasplantaron el hígado. Él ha sido el lazarillo
de muchos colombianos y extranjeros, con las acciones de tutela,
ante las negaciones reiteradas de trasplantes: "Estoy
viviendo una segunda etapa de mi vida, pues desde el 3 de
febrero de 2005 fui trasplantado de hígado en el Hospital
San Vicente de Paúl, al cual agradezco mucho toda la
atención y gentileza que tuvo conmigo, a mi amigo y
compañero de estudio el doctor Julio Ernesto Toro,
a los doctores Gonzalo Guevara, Jorge Gutiérrez, Germán
Lenis, a un doctor Fuminaga que también hizo parte
del equipo de trasplantes, a María Eugenia la Jefe
de Enfermeras y a todo su equipo tan especial. Ya llevo seis
años de existencia digna, porque el trasplante genera
la oportunidad de vivir una nueva vida y a nadie le deseo
esa enfermedad tan degradante y humillante que es la cirrosis".
"Yo tenía cirrosis hepática -agrega- y
después de consultar con la EPS de Cajanal, de remitirme
a la IPS de Comfama, de citas con varios internistas y con
el hepatólogo Juan Carlos Guevara, me remitieron al
Hospital de San Vicente de Paúl porque estaba al borde
de la muerte; la EPS me negó el trasplante, acudí
a la tutela y el juzgado le ordenó la intervención.
Previos protocolos, entré a la lista de espera y por
fortuna me tocó un donante cadavérico compatible
conmigo, por muerte cerebral. Me fue muy bien gracias a Dios,
a los cuidados que he tenido y a mi familia. Estando en el
Hospital de San Vicente, vi el dolor de todas las personas
que como yo padecían esta enfermedad, y me hice a la
idea de que podía ser útil; sin consultar con
nadie, me puse a ayudarles a todos los pacientes del pabellón
de trasplantes, con derechos de petición y tutelas.
La primera tutela que hice fue para un trasplante de tráquea
de un señor Nevardo Velásquez, de Jardín
(Ant.), el juez la negó, apelamos, el señor
fue trasplantado, sobrevivió pero luego no se cuidó
y lo mató una virosis. El segundo caso de tutela fue
del boliviano José Florero Ortún, quien venía
para trasplante de riñón en 2005, vivía
en el Hogar de Paso de la Hermana Roberta, que es para personas
de escasos recursos; yo estaba convencido de que los seres
humanos, en cualquier parte donde estemos, tenemos derecho
a vivir, lo que nos hace iguales es la racionalidad, no una
nacionalidad. Estando aún convaleciente, le hice la
tutela, la ganamos, vino a los exámenes en el Hospital,
le salieron buenos y el Hospital de San Vicente le devolvió
la plata, pues no hubo necesidad de trasplante, pero esa tutela
abrió el camino. Yo, pensionado, me dediqué
a colaborar con la gente, me mantenía más tiempo
en el Hospital que en la casa, mirando que al uno le negó
la EPS una droga, al otro un aparato... y gratuitamente, como
lo hago aún, les hacía las tutelas (hasta ahora
todas las he ganado gracias a Dios) y los derechos de petición",
expresa el doctor Escobar.
Negar, negar y negar
"Las EPS les niegan los medicamentos a los trasplantados
-prosigue el jurista- o se las cambian a sabiendas de que
es peligroso y absolutamente mortal el cambio de medicamentos
específicos por genéricos. Unos pacientes me
buscan, otros van a la Personería, a la Defensoría
del Pueblo, yo les hago la tutelita o el derecho. Esto mismo
sucede con los trasplantes, por eso empecé a hacer
las tutelas a los pacientes COLOMBIANOS, porque las EPS los
negaban rotundamente, el juzgado ordenaba hacerlos, la EPS
desacataba el fallo de tutela: 'que no tengo contrato con
ninguno de los hospitales, sólo con entidades que hacen
diálisis; que los hepáticos no los tengo contratados...'.
Tenía más problemas con Saludcoop, Cruz Blanca,
con la gente del Sisbén, Solsalud, Emdisalud, Caprecom,
y con Salud Total que teniendo aquí los recursos, enviaba
a trasplantar en Bogotá a una niña Johana de
Urrao (Ant.) y a un joven Juan Carlos, de allá los
devolvían, llevan 7 años en eso y la respuesta
que dan es que en Medellín no tenían contrato
con nadie. Yo tengo un listado de más de cien tutelas
a colombianos. En vista de esas negaciones y de que llegaban
también extranjeros, a éstos no se los podía
trasplantar porque el decreto 2493/2004 en su artículo
40 dice que sólo se podrá colocar órganos
a extranjeros, si no hay un solo aspirante en lista de espera.
Las EPS niegan el trasplante al colombiano por no tener contrato,
y no lo permiten al extranjero por haber colombianos en lista
de espera: entonces ni para el uno ni para el otro, los órganos
se pierden todavía, yo creo que un 40% de los órganos
en Colombia se pierden: hígado, riñones, corazón,
páncreas, intestinos... No sé cuál es
el objetivo de las EPS: pienso que les es más rentable
sostener una persona en diálisis indefinida que trasplantarle
un riñón, aunque el trasplante da una mejor
calidad de vida; si a la persona la siguen dializando, el
Estado asume esos costos, pero si la trasplantan, es la EPS
la que tiene que asumir el costo de los medicamentos que necesitará
de por vida para conservar el órgano trasplantado".
Si en Colombia, con su cultura de donaciones y con el avance
de la cirugía de trasplantes, mueren personas por falta
de un órgano, ¿qué decir de otros países
que no poseen estas ventajas? Andrés Góndola
da un testimonio elocuente de Panamá: "A veces
estábamos en la sala, en el Hospital Amador de Colón,
todos juntos; cuando amanecía, la cama vacía
y el compañero muerto, le preguntaba a la enfermera:
-¿Y el compañero? -Ay, él murió,
señor Góndola... Vea, en el poco tiempo que
estuve en el Amador, vi morir a más de 20 enfermitos
por falta de atención. Muchos de ellos tenían
meses de estar ahí sufriendo antes de que yo llegara,
uno llevaba casi un año ahí, entraba, salía,
entraba, salía…lo mandaron a Ciudad de Panamá,
duró como dos o tres días y murió también.
Yo quedaba asustado, le oraba mucho al Señor y le pedía
la fuerza para seguir adelante; Dios y el ánimo que
me daba mi esposa, me mantuvieron con vida".
Colombia, opción de vida
El doctor Germán Lenis Duque, cirujano de trasplantes
del Hospital Universitario de San Vicente Fundación
(antes San Vicente de Paúl), de Medellín, indicó
que el desigual desarrollo científico en cirugía
de trasplantes, va asociado de alguna manera al bajo desarrollo
de la cultura de donaciones en Centroamérica y en algunos
países suramericanos.
Precisó que, según datos de la revista del Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplante (Vol. III,
No. 1, diciembre/09), Cuba y Costa Rica tienen tasas de 16.6
y 0.6 donantes, respectivamente, por millón de habitantes,
Panamá 1.8 y el resto de Centroamérica tiene
índice cero. En Suramérica, los índices
de donaciones son: Uruguay 19.1 donantes/millón de
habitantes, Argentina 13.1, Colombia 9.6, Brasil y Chile 7.2.
Medellín, la Meca de los trasplantes, tiene una tasa
de 42.9 donantes por millón de habitantes, una de las
más altas del mundo. "Es notorio -advirtió
el galeno- que Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela
estén por debajo de 3.1 donantes por millón
de habitantes, lo cual significa que la posibilidad de acceso
a un trasplante en esos países es muy baja. En enfermedad
renal crónica terminal pueden llegar a diálisis,
pero en enfermedad hepática aguda fulminante o crónica
terminal, la mortalidad de sus habitantes está por
encima de 90%, cifra que marca una gran inequidad con el resto
de las regiones. Lo mismo sucede con el trasplante de riñón-páncreas,
el cual sólo se practica en Cuba, Colombia, Brasil,
Argentina y Uruguay; el trasplante hepático se realiza
en forma regular sólo en Cuba, Colombia, Brasil, Argentina
y Chile, y hay grupos que se inician en Uruguay, Ecuador y
Perú. El de intestino sólo lo hacen en Argentina,
Brasil y Colombia, y los trasplantes de corazón y de
pulmón, en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay",
concluyó el doctor Lenis.
Disputa médica y jurídica
El abogado Julio Escobar Castañeda, narra cómo
continuó su labor humanitaria: "Viendo que se
perdían órganos, algunos extranjeros me buscaron
aquí y les hice las tutelas sin costo; puedo citar
casos de Panamá, República Dominicana, Venezuela,
Bolivia... Freddy Valbuena, de Panamá, llegó
en 2010 porque el gobierno panameño solicitó
al ex viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo Valencia,
hacer un acto humanitario con ese señor que se iba
morir, pero el director del Instituto Nacional de Salud, Juan
Gonzalo López Casas, se negó rotundamente y
esgrimió el decreto 2493/04, ganamos la tutela y aún
así le negaron el órgano en dos ocasiones, hasta
que el Hospital Pablo Tobón Uribe decidió trasplantarlo,
porque el artículo 95 de la Constitución obliga
a realizar actos humanitarios para salvar la vida de las PERSONAS,
sean o no colombianos, le pusieron el órgano pero no
funcionó, hubo necesidad de un re-trasplante, pero
el Instituto y la Red Nacional de Trasplantes negaron la autorización,
al fin lo re-trasplantaron y hoy día ese señor
está feliz, es un hombre totalmente nuevo".
Sobre este incidente, el director del Instituto Nacional de
Salud, Juan Gonzalo López Casas, dijo a EL PULSO: "Respecto
a la cita que hace del señor ex viceministro, no se
encuentra relación alguna entre ésta y el artículo
que pretende escribir; por el contrario, no es objetivo afirmar
o presentar frases sin evidencia y descontextualizadas, y
a renglón seguido cuestionar el cumplimiento de la
norma por parte de una entidad adscrita al Ministerio de la
Protección Social".
A propósito de esa coyuntura, el ex viceministro de
Salud, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, declaró a EL
PULSO: "Yo recibí una llamada del gobierno panameño
a través de su embajador y como eso se llevó
a una política de relaciones internacionales, sugerimos
tramitar eso como una solicitud de un país amigo, en
virtud de unos convenios firmados, para que un nacional panameño
pudiese ser incluido en la lista de espera. Mi posición
es que se deben priorizar obviamente los colombianos, pero
de ninguna manera negar a los extranjeros la posibilidad de
estar en la lista de posibles trasplantados". Y anotó:
"En el caso de Israel, cuando por los canales diplomáticos
también se me solicitaba ayuda en ese sentido, sugerimos
a la Cancillería y a las embajadas que avanzaran en
la firma de un tratado internacional donde uno de los componentes
fuera la cooperación técnico-científica
en el área de salud que posibilitara trasplantes, porque
en el fondo lo que se quiere es que no hubiera tráfico
de órganos, que particulares se enriquecieran. Colombia
tiene una experticia y una comunidad científica muy
calificadas, y no dejamos de promover una cultura de trasplantes,
aunque el procedimiento se haga acá. Queríamos
posibilitar esa ayuda humanitaria entre países por
vía de tratados bilaterales, como una de las posibles
contraprestaciones de las relaciones directas donde un país
amigo le pide a otro ayuda para sus pacientes. Con Panamá
y con Israel, todo se hizo por los canales diplomáticos".
Agregó Cuervo Valencia: "Si bien el fallo de tutela
es una decisión judicial que ningún servidor
público debe desconocer, y la tutela cobija no sólo
a los nacionales sino también a los extranjeros cuando
un derecho fundamental como el de la salud está comprometido,
no tengo conocimiento de que el Instituto Nacional de Salud
hubiese actuado así".
Por su parte, el abogado Escobar aseveró: "Cuando
una EPS se niega a cumplir una orden de un juez, o cuando
el Instituto Nacional de Salud y la Red de Trasplantes se
niegan a cumplir una tutela para autorizar un trasplante,
están provocando indirectamente esa muerte, no dolosamente,
pero en forma culposa, por falta de previsión, por
no pensar en las consecuencias que eso puede traer. En ese
caso, sería un homicidio culposo. Escribimos a la Superintendencia
de Salud y nos contestó: 'No, la EPS no ha negado nada,
está cumpliendo'. Eso no es cumplir, la Supersalud
debiera ser más tajante y decir: 'Si está ofreciendo
el servicio en Medellín, contrate con Medellín
y se acabó'. No entiendo por qué el Instituto
Nacional de Salud insiste en aplicar el decreto 2493 y en
no cumplir con los fallos de tutela, como en el caso del panameño
Freddy Valbuena. Yo he hecho unos 10 incidentes de desacato
a extranjeros, y el artículo 453 del Código
Penal convierte en delito la desatención de una orden
judicial. Aquí tengo 8 fallos del Tribunal Superior
de Medellín donde ordena que a los extranjeros no se
les puede negar esos trasplantes, y el último de ellos,
suscrito por los doctores Rafael María Delgado y Oscar
Bustamante Hernández (Acta 008, enero 27/2011, folio
9) dice: "...si bien no es la acción de tutela
el mecanismo idóneo para excluir del sistema jurídico
el artículo 40 del decreto 2493 de 2004, se le sugiere
al Ministerio de la Protección Social agotar todos
los mecanismos a su alcance en orden a excluir dicha normatividad
del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que ésta
es totalmente contraria a la Constitución Nacional,
para que, de esta manera, tanto un nacional colombiano, como
un extranjero, puedan engrosar la lista regional y nacional
de espera para trasplante de órganos en aplicación
al derecho a la igualdad, ampliamente protegido por la Constitución.
¿Qué pretende el INS al desconocer no sólo
la Constitución, sino la reiterada jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Tribunal Superior de Medellín?".
INS defiende sus actuaciones
Ante las críticas precedentes, el director
del Instituto Nacional de Salud, Juan Gonzalo López
Casas, defendió así las actuaciones de la entidad:
"El Instituto Nacional de Salud (INS) en su condición
de coordinador nacional de la Red de Donación y Trasplantes
no es generador de políticas. El papel del INS se limita
exclusivamente a dar estricto cumplimiento a la normatividad
vigente que sobre la materia han expedido tanto el Legislador,
a través de las leyes 9ª de 1979 y 919 de 2004,
así como el Ejecutivo, mediante el decreto 2493 de
2004 y sus actos reglamentarios".
Y agregó: "Con relación a la política
en trasplantes, invitamos en este punto a participar en la
propuesta de política sobre donación de componentes
anatómicos y trasplantes que se está elaborando
en este momento y que está dirigida a aumentar las
tasas de donación, disminuir las negativas familiares,
fortalecer el recurso humano, y crear un modelo organizativo
de la red y acceso a trasplantes. En este momento la invitación
se encuentra publicada en la página web del INS en
el marco de la construcción de democracia en línea:
www.ins.gov.co
Ante los cuestionamientos relacionados con negaciones de trasplantes,
el vocero del INS expresó: "Carece de toda verdad
afirmar que el INS ha desaprobado la práctica de trasplantes
contraviniendo preceptos constitucionales. Específicamente
en este punto, la entidad a mi cargo, durante los últimos
dos años en ejercicio de sus competencias, ha tenido
que asumir la defensa de los intereses de los nacionales y
extranjeros residentes en Colombia respecto a las pretensiones
de los pacientes extranjeros no residentes en nuestro país,
quienes acudiendo al amparo constitucional de tutela han venido
a nuestro país con el propósito de obtener de
manera rápida y sin sometimiento a los requisitos legales,
la inclusión en lista de espera y realización
del procedimiento de trasplante requerido. En ese ejercicio
jurisdiccional los diferentes despachos han emitido fallos
que conllevan a la no aplicación del artículo
40 del decreto 2493 de 2004 y citando jurisprudencia de la
Corte Constitucional".
"En este sentido -prosiguió López Casas-
el Honorable Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de
abril de 2010 declaró la legalidad del artículo
40 del decreto 2493 de 2004, providencia que debe ser acatada
por los despachos judiciales del país. En cuanto a
la sugerencia elevada por el Tribunal de Medellín hacia
el Ministerio de la Protección Social (MPS) para que
se excluya dicha normatividad del ordenamiento jurídico,
es el MPS quien debe pronunciarse en torno a esta solicitud.
Sin embargo, es importante resaltar que uno de los magistrados
salvó su voto en este fallo. En este control se identificaron
diferentes irregularidades en el proceso de trasplante a extranjeros.
Como parte de su misión, el INS dio traslado a las
autoridades competentes: Fiscalía, Consejo Superior
de la Judicatura y DAS, para que procedan de acuerdo con lo
informado por el INS para proteger los intereses de los nacionales
y residentes e igualmente, eliminar el turismo de trasplante
y el tráfico de órganos y tejidos. Como representante
legal del INS me he caracterizado por ser respetuoso y cumplidor
de la ley así como también de las decisiones
judiciales. Por lo anterior, con mi actuar jamás he
incurrido en desacato alguno; valga la pena aclarar que la
sola afirmación o intención de un accionante
de solicitar a un juez la declaración de desacato en
contra del representante legal de una entidad, no es más
que eso; se requiere entonces de un trámite incidental
ante el despacho judicial donde finalmente el señor
juez se pronuncia o bien declarando el desacato con sus consecuencias
o bien archivando la petición, como ha sucedido todas
las veces frente a las solicitudes que en mi contra se ha
pretendido fraguar. Así lo demostré en el año
2010 ante el fiscal seccional 218 como consecuencia de la
denuncia que en este sentido hizo el Dr. Jorge I. Gutiérrez
M., cirujano de trasplantes del HUSVP".
La Corte se pronuncia
Para ilustración de los lectores sobre los
pormenores de la doctrina vigente al respecto, es pertinente
la consideración de la Corte Constitucional en su Sentencia
T-215/96: "...bajo el nuevo marco constitucional, en
ningún caso el legislador está habilitado y
mucho menos la autoridad administrativa, ni siquiera por vía
del reglamento como es el caso de los decretos 2268 de 1995
y 2241 de 1993, para desconocer la vigencia y el alcance de
los derechos fundamentales ni de los derechos inherentes a
la persona humana garantizados en la Carta Política
y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros,
así aquellos se encuentren en condiciones de permanencia
irregular". (Folio 6).
A raíz de todo este debate, una de las tutelas llegó
hasta la Corte Constitucional, la cual en la sentencia T-269/08
dijo categóricamente que el derecho a la vida no tiene
fronteras, el 11 de marzo /2008, en un fallo de los magistrados
Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda
y Jaime Córdoba Treviño, ante el caso de la
señora Teodora Irene Seligmann Klein, ecuatoriana de
ascendencia judío-alemana. En la página 15 de
su fallo señaló que el decreto 2493/04 condiciona
y limita el trasplante de extranjeros y que el derecho a la
vida no puede tener condicionantes ni limitantes, por mínimos
que sean. El doctor Julio Escobar indicó que abogados
como el doctor Ignacio Mejía Velásquez presentaron
una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, considerando
que el gobierno había excedido las facultades que le
dieron para legislar sobre salud. El Consejo de Estado consideró
que si bien el decreto es legal, se expidió dentro
de las facultades y tiene todas las formalidades de ley, de
todas maneras es inconstitucional, pero no podía fallar
en este sentido porque la demanda no era de inconstitucionalidad;
y el mismo organismo dijo en la sentencia: "Tenemos,
para la aplicación de ese decreto, que acudir a la
sentencia T-269 de la Corte Constitucional, que dice que el
decreto hay que inaplicarlo...", para el caso concreto
de la señora Seligmann.
La misma Corte Constitucional advierte en la Sentencia T-269/08
que el decreto 2493/04 en su artículo 40 "...en
principio no parece tener reparo. Pero si en concreto se mira
lo señalado en esa disposición, además
reglamentaria de unas leyes, se advierte que la prestación
de servicios de trasplante de órganos cuando se trata
de un sujeto EXTRANJERO NO RESIDENTE en Colombia, se halla
condicionada o aún más, limitada a que no existan
receptores nacionales o extranjeros residentes en Colombia
en lista regional y nacional de espera, teniendo en cuenta
criterios únicos técnico-científicos
de asignación y selección". Luego, si existe
esa limitante o condición, dice la Corte, no existe
una limitación objetiva y razonable que le permita
esa limitación, porque de por medio está la
inminencia de muerte de la señora Seligmann.
¿Turismo de pobres?
"Yo considero que no existe turismo de trasplantes
-aseveró el abogado Escobar Castañeda-, yo no
he salido nunca del país, los extranjeros vienen porque
antes de 2004 en los hospitales trasplantaban normalmente
por no existir el decreto que los limitara, ellos en sus países
de origen fueron difundiendo el éxito de los trasplantes
y la gente fue llegando, yo no llamo ni ellos me llaman, y
que yo sepa, en Colombia no hay ninguna empresa que traiga
extranjeros, que eso sería el turismo de trasplantes.
Además, muchas personas son supremamente pobres, el
caso de Andrés Góndola es muy especial, el de
los otros panameños y el de la señora Delca
Pittí quien murió aquí: yo mismo a Alejandro,
su esposo, le daba el desayuno en la cafetería del
Hospital de San Vicente; a Andrés Góndola y
a Vivián Iveth tuve que darles con qué devolverse,
aquí me han visto llevando a desayunar viejitas que
dializan, ya casi ciegas, las llevo al Centro Administrativo
La Alpujarra a poner la tutelita". Y el camionero panameño
trasplantado, refiere: "Yo he conocido a muchos otros
enfermos, a todos nos ha unido esta situación como
hermanos, al grado que tengo un compañero que fue trasplantado
también de hígado, de nombre Gabriel, que es
como italiano con venezolano, y él me ha cubierto mucha
alimentación a mí. Y la esposa de un señor
Orlando Simanca, de Venezuela, que lo operaron aquí,
nos ayuda con medicamentos".
Añade el jurista: "El flujo no es numeroso. No
sólo vienen por no haber condiciones en sus países
para los trasplantes, sino que aunque haya, las enfermedades
que tienen son apremiantes, como en el caso de Brasil que
siendo un país tan poblado, las listas son muy largas
y los donantes muy pocos, mientras que en Colombia hay más
donantes y listas menos largas y por eso los médicos
de allá los mandan para acá, muchas veces directamente
al San Vicente. ¿Por qué no se le puede hacer
un favor a la humanidad? ¿Por qué, al llegar
a Colombia un ser humano dotado de entendimiento, pierde todas
sus cualidades y se le discrimina? Además, esto le
brinda un prestigio a Colombia en el exterior. Colombia debe
pensar en humanizar la salud, muchos procedimientos de salud
están deshumanizados, el ser humano nada vale para
las aseguradoras, como organizaciones económicas que
son".
Ante dos notas del programa "Séptimo Día"
de Caracol TV, cargadas de inexactitudes sobre el tema, el
director del Hospital San Vicente de Paúl, Julio Ernesto
Toro, dijo en carta abierta que la información entregada
por el centro a ese medio "fue inadecuadamente manejada,
a tal punto que se generaron señalamientos tendenciosos".
Anotó que los trasplantes a extranjeros hechos en 2009
y 2010, "fueron obedeciendo tutela y autorizados por
el instituto Nacional de Salud", y resaltó que
el precio cobrado en esos casos no fue mayor que el cobrado
a pacientes colombianos.
No cabe duda: el trasplante es cuestión de humanidad,
como lo es la buena medicina. Y ante esta verdad, todas las
normas jurídicas deben amoldarse a la realidad del
sufrimiento humano. ¿Qué tal que el buen samaritano
hubiese condicionado su misericordia a que el judío
fuese "residente" en Samaria, que lo hubiera puesto
en lista de espera en las urgencias de Jerusalén o
que lo hubiera remitido a una EPS?.
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