MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 79   ABRIL DEL AÑO 2005    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

La platica para salud pública... y su destinación
Iván Darío Arroyave Zuluaga - Docente y consultor elpulso@elhospital.org.co
No hay ni qué recordar que la salud pública colombiana está en el limbo, y que dentro de las razones encontradas por los especialistas, tiene mucho que ver el desarticulado sistema de financiación. Según el estudio “Diseño y aplicación de una encuesta para la evaluación de las acciones de prevención y promoción del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado, y del logro de las metas del Plan de Atención Básica -PAB- departamental y distrital” (diciembre de 2004), dirigido por el doctor Francisco José Yepes L., y auspiciado por la Unión temporal
CCRP (Corporación Centro Regional de Estudios de Población) y Assalud BDO (miembro de BDO consultores internacionales), “la fragmentación en la financiación, en los planes de beneficios y en las competencias de los diversos actores, ha conducido a la fragmentación de los servicios, en serio detrimento de la continuidad y calidad del servicio. Esta fragmentación ha generado una profunda barrera de acceso con serias implicaciones en la salud de la comunidad”.
“El nuevo paradigma de venta de servicios-facturación ha desplazado los objetivos de la eficacia epidemiológica. Las coberturas útiles han sido desplazadas en el imaginario de las instituciones aseguradoras y prestadoras por el control de costos de parte de unas y el logro de las cuotas de facturación de parte de las otras. ¡La salud no es el real objetivo del sistema!”
Por fuerza toca seguir tratando de salud pública en parcelas: PAB (nacional o territorial), Promoción y Prevención (P y P), y éste a su vez según esté cargo de los municipios o las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), y ello aún sin considerar lo sanitario. Y crítica aparte, el proyecto de ley 052 en curso, nada hace para corregir esta disfunción, y ni siquiera toma lo que podía ser útil de otras ponencias, como la 098 (descartada sin serio debate por la Comisión Séptima), la cual mostraba una visión coherente en su apartado de salud pública que, sin necesidad de resquebrajar el modelo de aseguramiento, recurre a una fuerte orientación a la Atención Primaria en Salud (APS) y al reciente enfoque de Rectoría Estatal, ambos criterios avalados por los organismos internacionales OPS/OMS, y que en nuestro país y muchos otros han sido muy efectivos.
Plan de Atención Básica -PAB-
Como es sabido, según la Ley 715 de 2002, los recursos financieros para financiar el PAB pueden provenir de 4 fuentes: 1) Sistema General de Participaciones -SGP- salud pública, 2) Transferencias o aportes de la Nación a través del Ministerio de la Protección Social para campañas o programas específicos -enfermedades transmitidas por vectores, Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, tuberculosis y lepra, entre otros-, 3) Recursos propios del municipio, y 4) Otros recursos que pueden ser gestionados por cofinanciación, cooperación internacional o con Organizaciones No Gubernamentales (sobre esto último se carece totalmente de información).
Del estudio antes mencionado, se concluye que los municipios grandes hacen algunos aportes de recursos propios, mientras que los pequeños apenas alcanzan a aplicar SGP y transferencias directas. El doctor Restrepo Zea, de hecho, considera que “en términos generales, en las entidades territoriales se aprecian esfuerzos importantes para revertir las tendencias que se habían presentado en salud pública, así como para buscar aumentos de cobertura en el régimen subsidiado. Sin embargo, este comportamiento parece exclusivo de las grandes ciudades, y en los demás casos el esfuerzo está limitado a defender la situación actual, especialmente ante el propósito de revertir ciertos aspectos de la descentralización. Además, creo que para la mayoría de municipios no es fácil contar con recursos adicionales a las transferencias”.
Promoción y prevención a cargo de las aseguradoras
El estudio de Assalud se lamenta de que “el equipo investigador encontró numerosos obstáculos para la entrega de la información en algunos de los aseguradores y en prestadores privados”. No es nuevo, pero sí alarmante.
Ejecución de recursos de promoción y prevención por EPS

Fuente: Fisalud
De la tabla anterior se pueden desprender varias cosas: Una es la indolencia con que las EAPB devuelven a Fosyga dinero de actividades que por ser generadoras de altas externalidades positivas, no son asunto apetecible para los agentes de mercado. De allí mismo se infiere que la ejecución no representa por sí mismo efectividad, y menos aún si se persiste en contratar por capitación actividades que deberían ser de demanda inducida, un sinsentido conceptual que el Ministerio se niega a regular con una indolencia aún mayor que el de los otros agentes.
Recurriendo al estudio de Assalud se concluye, con toda la base empírica y lejos de cualquier simple especulación, que “el nuevo paradigma de venta de servicios-facturación ha desplazado los objetivos de la eficacia epidemiológica. Las coberturas útiles han sido desplazadas en el imaginario de las instituciones aseguradoras y prestadoras por el control de costos de parte de unas y el logro de las cuotas de facturación de parte de las otras. Se aumentan aquellas actividades que es preciso facturar y se suspenden o al menos no se estimulan, aquellas sobre las cuales ya no se puede facturar más. ¡La salud no es el real objetivo del sistema!”.
Un paréntesis: Eficacia
Aunque se trata de debatir sobre financiación, es forzoso tratar este tópico. Según el estudio, “en medio de todas las limitaciones del sistema de información y de la calidad de los datos, la información que surge a través de los indicadores centinela y de la opinión informada de numerosos actores es alarmante, y requiere acciones inmediatas y radicales. Es inaceptable que hoy en Colombia se esté dando el número que se reporta de otitis supurativas, de hospitalizaciones por neumonía y por Enfermedad Diarreica Aguda -EDA-. Si a ello se suman las muertes maternas y los casos de sífilis congénita, la situación se torna dramática. El que un porcentaje muy importante de estos casos esté ocurriendo en población asegurada, es de por si un juicio de responsabilidades a los aseguradores y prestadores, es indicativo de una muy pobre calidad de la atención y de fallas notables en la educación de los cuidadores de los niños por parte de los entes responsables. Lo es igualmente de la falta de controles por parte del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia de Salud”.
Hipótesis derivada: fuerte rectoría estatal = mejores indicadores de salud pública. ¿Hasta cuándo el Ministerio se hará el de la vista gorda con este punto, mientras se obsesiona con aumentar cobertura? ¡Es la salud de los colombianos, por Dios!
El 4,01% para P. y P.
Este rubro de la Promoción y Prevención (P. y P.) no tiene defensores, ni siquiera en los municipios, y esto es una mala noticia para quienes vieron en su formulación una oportunidad de devolver la salud pública al Estado. Como el artículo 46 de la Ley 715 explica que el Ministerio evaluará la ejecución de estos recursos 3 años después de su vigencia y propondrá al Congreso las modificaciones que se consideren necesarias, plazo que termina en octubre de este año, habría que preguntarse: ¿Qué irán a decir? Pues el estudio mencionado brinda una positiva revelación: “el gasto territorial de los recursos del 4,01% y la vacunación caminaron en el mismo sentido y en forma altamente asociada, con una relación casi de uno a uno entre los incrementos de gasto y el impacto en coberturas, es decir con una eficiencia muy semejante entre los diversos municipios. Como conclusión, en forma global se observa que en la medida que los recursos descontados y ejecutados del 4,01 % de la UPC-Subsidiada crecieron, entre 2002 y 2003, las coberturas de vacunación también subieron en forma correlativa”.
Conclusiones
Recuérdese que a vacunación y otras actividades de promoción y prevención se les aplican otros recursos que no están discriminados por municipio por medio del acuerdo 238 de 2002 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS). Los logros están a la vista: “los resultados positivos en los incrementos de las seis coberturas de vacunación entre los años 2002 y 2003 (quizás con incrementos del 42% en promedio), están asociados a los incrementos en el esfuerzo financiero territorial para Salud Pública, a la aplicación de recursos al PAB en forma preferencial por los entes territoriales, y a la transferencia y manejo municipal y distrital de los recursos del 4,01% de la UPC- Subsidiada. Es de observar que estos esfuerzos han estado acompañados de un suministro nacional de biológicos que se estima cubriría el 95% de las necesidades”.
Hipótesis derivada: fuerte rectoría estatal = mejores indicadores de salud pública. ¿Hasta cuándo el Ministerio se hará el de la vista gorda con este punto, mientras se obsesiona con aumentar cobertura? ¡Es la salud de los colombianos, por Dios!
 
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