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Sistema
de salud colombiano estuvo al borde del colapso
Redacción
El Pulso - elpulso@elhospital.org.co |
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La sorpresiva expedición del decreto 800 el 18 marzo
de 2005 por parte del gobierno nacional para superar “algunos
inconvenientes” ocasionados por la implementación
del nuevo proceso de compensación bajo los parámetros
del decreto 2280 del 15 julio de 2004 y las resoluciones 890
de 2002 y 195 del 1º de febrero de 2005, sacó a
la luz pública una seria crisis financiera que por cerca
de dos meses vivió el sistema de salud colombiano, a
causa de las deficiencias en la administración de la
información y la poca capacidad del Ministerio de la
Protección Social para poner reglas y hacerlas cumplir.
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Las dificultades comenzaron
el pasado 15 de febrero, cuando se inició la aplicación
del decreto 2280, que paradójicamente responde a la necesidad
de una base de datos única de afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, que permita un flujo eficiente
de información y recursos, y evite problemas como la
multiafiliación, evasión y elusión.
EPS en riesgo financiero
La primera señal de que el proceso arrancó con
“pie izquierdo”, fue el anuncio anticipado de la gran
mayoría de Empresas Promotoras de Salud (EPS), a su red
de prestadores de servicios de salud, de un posible atraso en
el pago de la atención de sus afiliados durante el mes
de febrero de 2005, por problemas con la nueva compensación.
Para las EPS éste proceso es vital, pues según
ellas, su funcionamiento depende de la transferencia mensual
de recursos por compensación por parte del Fondo de Solidaridad
y Garantía -Fosyga-, a través del reconocimiento
de Unidades de Pago por Capitación -UPC- diferenciales
por grupo etáreo, riesgo y niveles de ingreso de sus
afiliados.
Aunque alrededor del tema se tejió un reservado silencio
por parte de los diferentes actores del sistema (Ministerio,
EPS, IPS, gremios), tratando de restarle importancia al hecho,
la verdad es que dada la magnitud de los inconvenientes en el
recaudo de los dineros por compensación, la Asociación
de Empresas de Medicina Integral -ACEMI-, envió varias
comunicaciones al Ministerio de la Protección Social,
poniéndole en conocimiento de los múltiples problemas
presentados en el proceso y exigiéndole solución
a una situación que según reza en las misivas,
“pusieron en riesgo financiero las entidades”.
Acemi se pone al frente
El presidente ejecutivo de Acemi y ex ministro de salud, Augusto
Galán Sarmiento, en carta del 23 de febrero, expuso al
ministro Diego Palacio Betancourt las dificultades de la nueva
compensación, no sin antes recordarle que con anterioridad
la Asociación le había pedido que se realizaran
las respectivas pruebas de funcionamiento del proceso. “Si
bien son positivos los resultados obtenidos a la fecha en el
montaje del nuevo proceso, preocupa iniciarlo sin haber efectuado
las pruebas de compensación incluyendo los cruces con
la base de datos de la resolución 890 que acaba de ser
modificada (…). Adicionalmente, se desconocen las reglas
de validación y los procedimientos de cargue y generación
de glosas que aplicará el Ministerio…” se lee
en carta del 7 de febrero, es decir, 8 días antes de
la primera compensación con el nuevo sistema.
Las dificultades del proceso
Entre las principales inconsistencias técnicas que generaron
las glosas, Galán Sarmiento anota que no se hizo aproximación
de los valores contenidos en las declaraciones de autoliquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral como lo señalan
las normas vigentes. Además, se glosaron registros cuyos
apellidos contenían la letra “Ñ”, y
se rechazaron registros cuyos primer nombre y apellido coincidían,
sin tener en cuenta los otros datos y el número de identificación.
Agrega el directivo, que las EPS recibieron glosas en las que
se indicaba que no “existía aportante con esa identificación”,
y que una vez verificado por parte de las promotoras, se comprobó
la veracidad de los datos. Idéntico caso ocurrió
con el cobro de licencias de maternidad, por lo que no las pagaron.
Sostiene que también hay problemas en los reportes de
Fisalud, por cuanto la suma de los registros glosados más
los registros aprobados no coincide con el total presentado
por las EPS.
Además de esto, el proceso no se surtió acorde
con los tiempos establecidos, causando grandes perjuicios a
las entidades: ”No se entiende como este proceso se está
surtiendo sobre la marcha y no con el tiempo suficiente para
que no generara los perjuicios que estamos asumiendo por los
retrasos que ello ha ocasionado en el normal flujo de los recursos”.
Y advertía: “En el mejor de los casos se estima
que las EPS solo recibirán por febrero, en promedio,
el 50% de lo que normalmente se ha recibido. Esto es grave porque
el siguiente proceso de compensación sólo será
hasta el próximo 17 de marzo”.
Alternativas de solución
Para evitar que el problema de flujo de recursos afectara a
las IPS por el no pago de prestación de servicios de
salud, Galán Sarmiento solicitó al gobierno estudiar
la posibilidad de establecer el pago de un anticipo que podría
ser similar a la disposición preliminar de UPC que estuvo
vigente con el decreto 1013 de 1996, como pago transitorio mientras
se estabilizara el proceso de compensación.
Y ante los argumentos del Ministerio de que las promotoras deberían
poder asumir estos retrasos sin problemas, Galán Sarmiento
le recordó que esta cartera a través del Fosyga
le adeuda a las EPS más de $500 mil millones por recobros
de tutelas y medicamentos no POS autorizados por los Comités
Técnicos Científicos y por aclaración de
multiafiliados.
Sin plata para las IPS
En una de las cartas a las que tuvo acceso El Pulso, con fecha
del 28 de febrero, una EPS de operación nacional notificaba
a una IPS de su red prestadora que aunque estaba en total acuerdo
con el nuevo proceso de compensación por la garantía
que ofrecía en la correcta destinación de recursos
y afiliación de las personas, la realidad era que “el
nuevo proceso de compensación realizado el pasado 15
de febrero, generó una cantidad increíble y desproporcionada
de glosas, en su gran mayoría producto, precisamente,
de la falta de la prueba de instrumentos y malla de validación,
acorde con la reglamentación”. |
La expedición
de nuevas leyes no es la solución a los múltiples
problemas que vive el sistema de salud colombiano, máxime
cuando no hay la suficiente capacidad ni decisión
institucional para hacerlas cumplir.
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Agregaba la entidad
que debido a las inconsistencias del proceso, “el recaudo
de este mes en comparación con el de enero, se reducirá
entre el 70 y el 50 %”.
En otra comunicación del 2 de marzo, una de las más
grandes EPS del país explicaba a su red prestadora que
la aplicación de la base única de afiliados, “ha
repercutido en una considerable disminución del flujo
de recursos que deben recibir las EPS por parte del Fosyga para
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los prestadores”,
y que en consecuencia la oportunidad de los pagos podría
verse afectada.
Ministerio “entutelado”
Esta alarmante disminución de recursos puso a tambalear
las promotoras al punto que una de ellas se atrevió a
interponer una acción de tutela en contra del Ministerio
de la Protección Social por los perjuicios causados.
“Ante el peligro de que comenzáramos a incumplir
margen de solvencia y pago de cartera, además del riesgo
inminente de sanciones por parte de la Superintendencia de Salud,
tomamos esta decisión”, afirmó a El Pulso
la EPS que prefirió mantener su nombre en reserva. |
¿Qué
respuesta tendrían preparada el Ministerio y el
ministro para aquellos usuarios que estando al día
en sus aportes, eventualmente les pudieron haber negado
la atención? No olvidemos que este sistema es implacable
con los usuarios en lo que al pago de los aportes se refiere.
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Sus argumentos eran
fuertes: El Ministerio no había tomado las medidas necesarias
para asegurarse de la buena marcha del nuevo proceso de compensación,
acorde con la normatividad. “Basta pensar en lo que pasará
si las IPS se niegan a seguir atendiendo los usuarios y en los
reclamos de ellos al saber que están al día con
sus aportes. Nosotros estaríamos expuestos a serias sanciones
por algo que no es responsabilidad de nosotros, sino del Estado
en cabeza del Ministerio de la Protección Social”,
puntualizó la entidad.
La respuesta del Ministerio
De lo que se deduce de las cartas y de la respuesta del ministro
Diego Palacio Betancourt a El Pulso sobre los problemas que
se estaban presentando con la nueva compensación, el
Ministerio reconoció algunas fallas en el proceso y se
comprometió a realizar los ajustes técnicos para
corregir los giros de febrero y realizar una compensación
menos traumática en marzo.
“Se está trabajando permanentemente dentro del sistema
de compensación, para poder acelerar este proceso de
ajuste que va a dar mucha más transparencia a todo el
sistema”, fue la explicación que entregó
el ministro Palacio Betancourt.
Precisamente bajo este compromiso del Ministerio, fue retirada
condicionalmente la acción de tutela por parte de la
EPS. “Nos acogimos a un desistimiento condicionado, esperando
que el Ministerio gestionara los cambios necesarios para corregir
los problemas y garantizar el correcto aporte de los dineros”,
informó la entidad.
Cero y van dos
Tal como lo vaticinó el presidente de Acemi, la compensación
de marzo presentó igual número de dificultades,
sumándose a esto el hecho de que no se habían
solucionado los inconvenientes que se presentaron en febrero.
Así lo hizo saber Augusto Galán al ministro Palacio
en carta enviada el 15 de marzo, donde calificó la situación
de crítica, aunque entrevistado por El Pulso el 18 de
marzo, el directivo se negó a reconocer la existencia
de crisis alguna: “En primer lugar y quede muy claro, desde
el principio estuvimos muy de acuerdo con el decreto 2280/04;
nos parece que todo lo que ayude a mejorar el Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es bienvenido y tiene nuestro
apoyo. En segundo lugar, la implantación de un proceso
es algo muy complejo, éste es supremamente técnico
y como tal tiene muchas aristas que ajustar, entonces es apenas
natural que se presenten dificultades y ajustes en la implantación
de algo que es tan complejo”, sostuvo Galán Sarmiento.
Pero en la comunicación al Ministerio su tono había
sido mucho menos conciliador: “…estos problemas unidos
a los que quedan por resolver de comunicaciones anteriores,
permiten concluir que el nuevo proceso de compensación
no estaba totalmente diseñado, programado y debidamente
probado al momento de su entrada en vigencia. Nos parece que
se están improvisando soluciones que pueden llegar a
empeorar la situación porque se hacen sin la debida planeación
y sostenibilidad hacia el futuro”. Además, le proponía
al ministro Palacio Betancourt como nueva alternativa de solución,
la expedición de un decreto que permitiera compensar
simultáneamente tres meses con el sistema antiguo y el
actual, mientras se afinaban los nuevos instrumentos del proceso.
Decreto salvador
Avizorando la repercusión que sobre el Sistema tendría
el inadecuado flujo de recursos, esta vez el Ministerio actúo
con más rapidez y tres días después de
la última misiva, el gobierno nacional expidió
el decreto 800, por medio del cual autorizó la comunicación
de un resultado provisional del valor de la UPC por prestación
de servicios y por promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, cuando Fidusalud no hubiere comunicado el
resultado de la compensación dentro del plazo y términos
previstos en el decreto 2280.
Con esta medida temporal que sólo podrá aplicarse
hasta el primer proceso de compensación que deba realizarse
en el próximo mes de mayo, las EPS podrán disponer
de los recursos comunicados en el resultado provisional, hasta
tanto Fidusalud se pone al día en el cumplimiento estricto
de la normatividad.
Queda pendiente la evolución de esta situación
coyuntural que una vez más, reveló que la expedición
de nuevas leyes no es la solución a los múltiples
problemas que vive el sistema de salud colombiano, máxime
cuando no hay la suficiente capacidad ni decisión institucional
para hacerlas cumplir.
Mostró además a unas IPS decididas a no ser tan
comprensivas y seguir jugando a sostener el Sistema, cuando
las decisiones que toman otros actores los afectan: ¿Qué
responsabilidad tienen los prestadores de los inconvenientes
de la compensación que afectó el recaudo de las
EPS, y del incumplimiento del Ministerio de la Protección
Social para hacer las pruebas pertinentes y asegurarse de la
buena marcha del nuevo proceso?
Y dejó en el aire un interrogante crucial: ¿Qué
respuesta tendrían preparada el Ministerio y el ministro
para aquellos usuarios que estando al día en sus aportes,
eventualmente les pudieron haber negado la atención?
No olvidemos que este sistema es implacable con los usuarios
en lo que al pago de los aportes se refiere. |
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