MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 79   ABRIL DEL AÑO 2005    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Asignación de recursos de salud debe desbordar el mero trámite
Luz Enidia Largo Arteaga Periodista elpulso@elhospital.org.co
El director del Área de Seguridad Social del Centro de Proyectos para el Desarrollo -Cendex-, de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza Quintero, presentó al periódico El Pulso una descripción general de la participación de los recursos del sector salud en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2005 y su análisis sobre la destinación de recursos para salud en el Sistema General de Participaciones (SGP).
Señala Peñaloza Quintero que para este año, el PGN asciende a $91.5 billones, de los cuales $11.7 billones están destinados a inversiones, monto que no alcanza el 13%. De este valor, pro-tección social tiene una participación del 31,32%, la cual representa la mayor participación por sectores del presupuesto de inversiones. Este presupuesto se financia en un 91.8% con ingresos del presupuesto nacional y el restante 8.2% con dineros de los establecimientos públicos. De los ingresos de la Nación, un 49.1% se origina en recursos de capital de la Nación y un 46.4% en Ingresos Corrientes de la Nación (ICN).
Un aspecto relevante es que del total del presupuesto, el 34.86% se destina para pagar la deuda pública nacional, lo cual implica que 3 de cada 10 pesos presupuestados son para cumplir esta obligación, y por cada peso para inversiones casi 3 van a saldar este gasto.
Respecto de las asignaciones por departamentos, Antioquia, Valle, Atlántico, Cundinamarca y Bogotá perciben el 25.71% de los recursos, lo que significa que en ellos se concentra una cuarta parte del presupuesto asignado a las regiones, creando un fuerte contraste al lado de departamentos como Amazonas y Vaupés, que tienen asignaciones inferiores al 1.87%.
Recursos para instituciones adscritas al Ministerio
Del presupuesto asignado a algunas instituciones adscritas al Ministerio de la Protección Social, Peñaloza Quintero señala que el Instituto Nacional de Cancerología es la institución de prestación de servicios que más recursos recibe, ya que de un total de $62.415 millones asignados, percibe cerca de $28.500 millones. Por su parte, el Sanatorio de Contratación recibe $6.676 millones, el Sanatorio de Agua de Dios $19.368 millones, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta alrededor de $2.111 millones, y Etesa cerca de $5.840 millones. Y aunque el Hospital Militar no hace parte de las instituciones del sector, tiene un presupuesto asignado por $22.839 millones.
Recursos para salud pública
Para programas de salud pública se destinan más de $4.325 millones, de los cuales más de $2.000 millones son para el control de la tuberculosis, $1.307 millones para campañas contra la lepra y $976 millones fueron asignados para campañas antituberculosis.
SGP solo permite subsistencia de la salud
Respecto de los recursos para salud del Sistema General de Participaciones (SGP), que para el año 2005 ascienden a $3.294.064 millones, el doctor Peñaloza señala que aunque en apariencia la fórmula planteada por la Ley 715 (de asignar los dineros con base en lo destinado en la vigencia anterior, más la inflación causada (5.5%) y un 2% de crecimiento real), hace que los dineros se mantengan en el tiempo, en realidad el país cuenta con una política que permite la subsistencia del sector salud, pero no la acumulación de recursos al mismo ritmo que los problemas de salud de la sociedad.
Por ello, el directivo sostiene que “la crisis actual de cobertura de subsidios a la demanda y de desfinanciación de la oferta de servicios de salud tienen, como única salida, la disminución de los costos en hospitales o su cierre, y la oferta de subsidios sólo a los más pobres de los pobres”.
“En aras de la eficiencia en función de los costos, no se debe confundir una política de eficiencia fiscal con una desfinanciación progresiva de los recursos de la salud, ya que las restricciones presupuestales hacen que el sector no pueda responder a las demandas de salud de la población colombiana”.
Agrega que en aras de la eficiencia en función de los costos, no se debe confundir una política de eficiencia fiscal con una desfinanciación progresiva de los recursos de la salud, ya que las restricciones presupuestales hacen que el sector no pueda responder a las demandas de salud de la población colombiana.
Si bien el sector salud tiene una participación del 23, 5% sobre el total de recursos del SGP, los cuales financian la continuidad y ampliación de cobertura para el régimen subsidiado (que según cálculos del gobierno nacional en el 2005 llegará a 13.8 millones de personas), la prestación de servicios a población pobre no cubierta con subsidios a demanda y acciones de salud pública, el doctor Peñaloza sostiene que con el ejercicio de presupuestación para el sector salud se surte apenas un trámite, pero no se discuten los efectos en salud que se tendrían si se hace una mayor inversión en este sector social.
Ley 715 desfavorecerá el sector salud
Añade el directivo del Cendex que la Ley 715 de 2001 no permite cambiar las estrategias del sector y se convierte en el marco para estimar los recursos para el Presupuesto General de la Nación. Sostiene además, que un crecimiento importante en la economía no permite que el sector se beneficie de ésta, al establecer que el crecimiento se dará por la inflación causada más 2% de crecimiento real.
Concluye el doctor Peñaloza, que si realmente se quiere tener una política fiscal que contribuya a financiar el sector salud, es necesario replantear la arquitectura fiscal de la Ley 715 del 2001: “En su momento se discutió que la tendencia en el crecimiento económico del país mostraba que en el largo plazo esta Ley desfavorecía al sector, pero por una mirada cortoplacista en un momento coyuntural de decrecimiento económico, se planteó una solución que en el largo plazo sí terminará por desfavorecerlo”.
 
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