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“Eso podría interpretarse positivamente en el
sentido de que la Superintendencia tiene un papel más
activo, pero deja una gran preocupación: ¿Qué
está pasando en el sector? ¿Eso qué quiere
decir? ¿Cómo se traduce en términos de
un incumplimiento mayor de las entidades vigiladas? Ello evidencia
que el sector salud está en una situación de
riesgo que hay que corregir con medidas preventivas y concurrentes,
porque cuando uno controla posteriormente, el daño
ya está hecho”.
Otra preocupación del doctor
Gómez es el aumento de entidades en intervención
forzosa:
3 entidades territoriales, 6 Entidades Administradoras
de Planes de Beneficio (EAPB o aseguradoras), 17 Empresas
Sociales del Estado (ESE), y 3 prestadores privados. Indica
que hace 10 o 12 años eran escasas las intervenciones
y su aumento es un problema estructural muy perturbador, que
el gobierno y los congresistas deben revisar en la reforma:
“Si fuéramos más exigentes, por ejemplo
con los prestadores, habría decenas de prestadores
intervenidos. No me imagino que en 3 o 4 años sean
40 o 50 entidades intervenidas: es un riesgo para la salud
y para la Superintendencia, que se debe evitar”.
En ese sentido ve con buenos ojos la propuesta de crear un
fondo de garantías para las entidades intervenidas,
propuesta contenida en los proyectos de reforma a la salud
y que constituiría una solución adecuada en
el mediano plazo: “Esto evitaría por ejemplo,
que EPS intervenidas queden insolventes y de manera que puedan
ser recuperables, además de garantizar que se reconozcan
las deudas a sus proveedores y prestadores. Y en el caso de
los prestadores permitiría reestructurar y cobrar su
cartera, para frenar el círculo vicioso de embargos
que no les permite cumplir sus obligaciones, que no se encarezcan
las deudas con los costos judiciales y evitar cadenas de corrupción
alrededor de los embargos”.
Ingeniería financiera para
agilizar flujo de recursos
El flujo de recursos en el sector salud es un problema
estructural que viene de muchos años atrás y
que no se resuelto pese a las medidas gubernamentales y legislativas.
Explica el Superintendente: “Se han tomado medidas reglamentarias,
otras operativas y el problema no se ha solucionado, porque
ello no depende únicamente del control sino de lograr
que el sistema tenga una estructura más sencilla, que
la norma sea mucho más clara y que no exista oportunidad
de que los recursos se queden en cada lugar. Para ello desde
la Supersalud se trabaja en medidas de corto y largo plazo,
y en la reforma se busca que los flujos de fondos sean mucho
más cortos, directos; la propuesta central es la unificación
del manejo de recursos, sobre todo del régimen subsidiado
en un solo fondo, y el giro directo; eso evitaría la
dispersión de recursos por todo el país y se
ejecutarían de manera más rápida. Y hay
que reducir los pasos y la duración de los dineros
en cada uno: si no se reorganiza la estructura financiera,
esto no va a tener buen resultado, porque la vigilancia de
un sistema tan complejo es supremamente dispendiosa y no da
buenos resultados. Hay que revisar la ingeniería del
sistema y los incentivos en cada paso”
Agregó que desde el gobierno se procurará tener
aseguradoras mucho más vigorosas, porque hay un gran
número de aseguradoras en el régimen subsidiado
con muy pocos afiliados, y que para evitar retención
de recursos de vigencias anteriores en las alcaldías,
se hace seguimiento a los recursos de los contratos de este
período de los alcaldes, para garantizar que ejecuten
sus contratos cabalmente y giren oportunamente los recursos.
Respecto de la conciliación de cuentas entre EPS e
IPS, el doctor Gómez recordó que históricamente
los valores de cartera que reportan los prestadores difieren
mucho de los valores que reportan aseguradores y entes territoriales.
Puso como ejemplo que mientras la Procuraduría dice
que las EPS le deben $3,5 billones a la red de prestadores
públicos en el país, en los registros de la
Superintendencia la cifra está alrededor de $2,5 billones,
un valor muy alto de cartera que constituye otro grave problema
por resolver.
Asimismo, reiteró que la Superintendencia seguirá
vigilando el componente financiero de las EPS: “La calidad
de los servicios y la disponibilidad de recursos son dos hechos
inseparables: si una compañía no está
en buenas condiciones financieras, eso conlleva inmediata
e inevitablemente a la mala calidad en la prestación
de servicios. No podemos mirar las empresas separadamente,
porque debemos mirar el flujo de fondos y que los recursos
no se 'atranquen' ni se pierdan en ningún lugar, pues
eso afecta a todo el sistema. No saber qué pasa en
los aspectos financieros de las EPS sería supremamente
grave, tendríamos que pedir información a otra
Superintendencia. Además, si una vez escindidos los
ministerios de Trabajo y de Salud, a éste se le quita
la función de vigilancia financiera de las EPS y se
pasa al Ministerio de Hacienda, se debilitaría mucho
el Ministerio de Salud. Es cierto que la Superintendencia
y el sector salud son débiles en números e información,
pero es un problema sectorial que se procura resolver”.
Actividades de control
En cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia
realiza actividades permanentes, como el control al margen
de solvencia de las EPS (se anuncian medidas en relación
con algunas EPS que no lo cumplen). Se vigila el cumplimiento
del límite del 30% de integración vertical:
se hicieron planes de mejoramiento en EPS que no cumplían
el parámetro y se concluyó que la mayoría
de EPS cumplen con el límite.
Para el seguimiento a Caprecom se tiene una mesa de trabajo
con los ministerios de Hacienda y de la Protección
Social, y con la Nueva EPS, para revisar que como entidad
estatal cumpla todos los estándares y tenga un comportamiento
ejemplar en el sistema.
Se impusieron multas y sanciones a entes territoriales que
no cumplieron con el reporte de información financiera
y administrativa: hasta el pasado 30 de junio, sólo
el 29% de entidades territoriales cumplieron esta disposición.
En los últimos 3 años se hizo un seguimiento
muy estrecho a salud pública, con apoyo de la Universidad
Nacional: no se observaron buenos resultados en el desarrollo
del Plan Nacional de Salud Pública y se detectaron
problemas de fondo como la necesidad de una masa crítica
mayor de personas competentes y conocedoras del tema, y la
necesidad de articular mucho más el uso de recursos
y competencias: “El reto es mucho mayor de lo que parecía,
y hay que trabajar mucho en salud pública”, dijo
el superintendente.
Y en Bogotá, se atienden las quejas más frecuentes
de los usuarios por negación o entregas incompletas
de medicamentos, negación o largas demoras en citas,
falta de especialistas o de servicios de salud en el lugar
de residencia de las personas. También se procura que
las entidades de salud mantengan abierta una sección
de atención al usuario: incluso se impusieron 19 sanciones
a entes territoriales por no tenerla.
Fortalecimiento en la reforma
En los proyectos de reforma al sistema de salud se
plantean nuevas competencias y cambios para la Supersalud.
El proyecto de ley estatutaria le da a la Superintendencia
un papel de segunda instancia de evaluación de pertinencia
técnica de decisiones que hoy se toman por vías
de presión o vía tutela, y ello requerirá
un fortalecimiento técnico y de recursos muy grande
de la Superintendencia, además de una gran descentralización
para que las personas puedan presentar sus reclamos en todo
el país. Así entonces, se deberán mejorar
sus finanzas y ampliar su planta de personal, regionalizarla
o desconcentrarla; fortalecer su función jurisdiccional
y de conciliación. También se propone reducir
su número de vigilados (actualmente vigila 2´162.000
entidades y dispone de $19.000 pesos para la vigilancia de
cada una…): se propone por ejemplo, que la vigilancia
del pago de aportes a seguridad social de 2'100.000 empleadores
lo haga la Dian, pues eso le dejaría a Supersalud unos
60.000 vigilados, lo que facilitaría su función
de control.
En el proyecto de reforma se revisa a fondo la función
jurisdiccional para que sea más efectiva, porque su
esquema actual no es muy operativo y el sector salud no recurre
a ella, pese a su gran potencial para resolver problemas.
Y si bien la Superintendencia desarrolló mecanismos
para acercarse a la comunidad (página en Internet,
línea gratuita nacional 01 8000 51 37 00, Contact Center,
consultas ciudadanas descentralizadas), estar concentrada
en Bogotá es un obstáculo para su labor. Por
eso en la reforma se plantea descentralización y/o
desconcentración en una Superintendencia regional o
departamental, que la acerque a los usuarios y ellos puedan
presentar sus requerimientos en todo el país; además,
conocer las quejas permite conocer problemas reiterados en
EPS o prestadores, y monitorear esas reincidencias.
Objetivos puntuales
Concluye el doctor Gómez, que los objetivos
de su gestión serán: Hacer un programa de control
preventivo y concurrente, para lograr que todas las entidades
se pongan en regla y se reduzcan las multas y sanciones; tener
una Superintendencia mucho más técnica, más
investigativa, con números y datos más exactos
sobre el sector salud; asegurar que la vigilancia de la Superintendencia
a las entidades represente una garantía de calidad,
de sostenibilidad y de confiabilidad en el sector; y lograr
una Superintendencia cercana a las personas en todo el país,
para ofrecer a las personas confianza y seguridad en el sistema,
y una solución rápida y efectiva a sus reclamos
y necesidades en salud .
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