Deuda de EPS llevan a cierre de clínicas en Boyacá elpulso@sanvicentefundacion.com Según informaron sus directivos, ante el escaso flujo de recursos por parte de las EPS, las clínicas de Tunja Santa Teresa y Clínica Los Andes, cerraron varios de sus servicios, mientras la Clínica Pozo de Donato fue puesta a la venta. En la Clínica Santa Teresa se cerró el servicio de urgencias ante la incapacidad de continuar trabajando con una deuda que supera los 1.400 millones de pesos, lo que “ha generado atrasos en el pago de nómina y no poder cumplirle a los usuarios. Tener abierto el servicio de urgencias implica, además, tener insumos, médicos y enfermeras las 24 horas del día, Lo que es un costo muy alto para una clínica que no recibe los recursos”, declaró Édgar Ortiz, gerente de la Clínica, a la que Coomeva se fue de la región debiéndole cerca de $300 millones y Caprecom una cifra cercana a los $500 millones. Por su parte, la Clínica de los Andes cerró nueve de sus servicios: ginecología, sala de partos, hemodinamia y las unidades de cuidado Intensivo Adulto, Cuidado Intermedio Adulto, Cuidado Intensivo Pediátrico, Cuidado Intermedio Pediátrico, Cuidado Intensivo Neonatal y Cuidado Intermedio Neonatal. “Para Boyacá es muy preocupante porque es una oferta de cuidados intensivo muy importante, el Hospital San Rafael ha intentado cubrir esos servicios. Tuvimos reuniones con los gerentes de las clínicas, nos pidieron que les ayudáramos a cobrar cartera y ese ejercicio lo venimos haciendo con todos los hospitales públicos, pero tenemos limitaciones”, indicó Germán Pertuz, secretario de Salud de Boyacá. La tercera entidad en crisis en la capital boyacense es la Clínica Pozo de Donato donde la única alternativa para sus socios fue declararla en venta ya que las EPS le adeudan $6 mil millones lo que llevó a la incapacidad de pagarle a trabajadores, proveedores, y adquirir insumos. Otras instituciones en estado crítico son la Clínica de Especialistas de Sogamoso, a a que Coomeva le quedó adeudando cerca de 650 millones de pesos. En este caso su gerente, Nidia Mariño señaló que “preocupa que la Superintendencia les haya autorizado la salida de Boyacá sin que se hayan puesto al día con la red prestadora”.

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