MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 150  MARZO DEL AÑO 2011    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Ley 1438 agrava el
problema en vez de resolverlo”

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co

“La Ley 1438 no es ninguna reforma, consolida el aseguramiento, consagra su poder sobre los recursos, profundiza los errores de la Ley 100, no pone una verdadera fiscalización de los recursos ni controla sus costos de operación, agrava el problema en vez de resolverlo”, conceptuó Rubén Darío Gómez, investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Y sobre el “Plan Decenal de Salud”, dijo: “No se necesitaba una ley para planear el sistema, la experiencia de planeación a 10 años no es novedosa en administración, y es muy difícil de realizar en modelos tan fragmentados como el nuestro; la tradición de los últimos años llevó al desmonte de la planificación. Habría que apoyar la planificación por ser necesaria en el sector, pero la afectan la falta de buena información y de capacitación, la debilidad técnica de la autoridad sanitaria, los intereses contrarios dentro del sector, sobre todo los de las aseguradoras, y la fragmentación de las acciones y recursos”.
Agregó que el legislador espera en vano planes territoriales, cosa buena pero muy difícil, pues las aseguradoras no tienen mercados territoriales, el alcalde no podrá responder por la salud pública de su municipio siendo las aseguradoras responsables de los indicadores más importantes: mortalidad materna e infantil, y enfermedades de alto costo. Estimó que el Observatorio Nacional de la Salud “es sólo una idea, así como puede salir uno bueno, puede salir uno muy malo. Si el Ministerio de la Protección Social cumple, eso sería una buena herramienta, si lo manejan entes competentes, y se espera que el Instituto Nacional de Salud (INS) se fortalezca como agencia estatal responsable. Añadió: “Están bien que se le asignen indicadores como los de salud pública, pero no hay una propuesta concreta en variables críticas del sector: ¿Quién se está quedando con la plata? ¿Cuál es su destinación, cuántas camas, médicos, enfermeras y odontólogos hay?”.
Admitió que no todo en la ley es malo: “Es importante que el gobierno asuma la rectoría del sistema y la ley se lo recuerda”. De las acciones de promoción y prevención, dijo: “No son nuevas, estaban en la Ley 100, si no las han cumplido no necesitaban una ley que las recordara; por no ser negocio han estado abandonadas, por eso los indicadores de salud se fueron abajo. La ley no cambiará la actitud de los inversionistas: mientras no perciban su rentabilidad, no se comprometerán con Promoción y Prevención (P y P)”.
Sobre la financiación, Gómez expresó: “La Ley sería buena por aumentar recursos al sistema, pero muchos analistas señalan que el problema no es falta de dinero, la experiencia de estos años demuestra que meter mucho dinero, sin control de los gastos adicionales por intermediación y corrupción, no es una medida inteligente. Mi hipótesis es que dentro de 4 años, cuando examinemos por qué fracasó la Ley 1438, veremos que estaba equivocada al pensar que el sistema se desangra porque los enfermos consumen muchos recursos, porque la ley no tocó la intermediación, la subcontratación, la ineficiencia, la corrupción, la desviación a otras áreas, ni definió una política de control de precios de los medicamentos, uno de los factores que más pesa”. El experto confió en que la Corte Constitucional se pronuncie ante la violación del principio de igualdad en más de 10 años, con promesas de igualar los planes beneficios, y ante la inconstitucionalidad de la “sostenibilidad” como principio orientador de la ley.
 
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