Según la Encuesta sobre
Caracterización de la población entre 5 y 17 años
de Colombia realizada por el DANE (2001), se estimaba que aproximadamente
el 27% de la población del país (11'325.000) correspondía
a dicho grupo poblacional, siendo similar la proporción
entre hombres y mujeres. Cerca de 492.000 niños y jóvenes
no vivían en el hogar, de ellos el 16.9% solo trabajaba
y el 6.3 trabajaba y estudiaba. De un total de 10'833.000 niñas,
niños y jóvenes que vivían en sus hogares
en el momento de la encuesta, el 14.5% (1'567.847) se hallaba
vinculado al mercado laboral, distribuido así: 70% hombres
y 30% mujeres. El trabajo de los niños aparecía
altamente concentrado en cuatro ramas de actividad económica:
agricultura (36%), comercio (33%), industria (12.5%) y servicios
(12%).
De otro lado, según UNICEF Colombia, en el país
trabajan más de 2.500.000 de niños y niñas
(2002), el 80% trabaja en el sector informal, 323.000 niños
y niñas se encuentran trabajando en el servicio doméstico
en hogares de terceros y de cada 10 menores de 18 años
que trabajan, 7 no asisten a la escuela.
Los niños y adolescentes no son aptos física ni
psicológicamente para el trabajo, por lo que el trabajo
prematuro debe catalogarse como una forma de maltrato infantil.
Trabajos físicos inadecuados para su contextura y proporciones
corporales cambiantes y su limitada capacidad de concentración,
los hace muy vulnerables a accidentes laborales.
El trabajo infantil altera las etapas de crecimiento y desarrollo
físico, afectivo y psicológico que normalmente
experimenta el niño, y trae como consecuencias la deserción
y el ausentismo escolar o bajo rendimiento en el proceso de
educación, que limitan la oportunidad de aprender y descubrir
sus potencialidades, y a su vez, la socialización se
reduce a un grupo laboral conformado por adultos, iniciando
prematuramente comportamientos de personas mayores.
El panorama es agravado por situaciones como remuneración
deficiente, ocupaciones de alto riesgo, horarios extendidos
y falta de seguridad social, además de que el abandono
escolar sigue alimentando la pobreza del país.
Aunque Colombia ha incluido en el marco de sus políticas
públicas, acciones y medidas de orden estructural para
combatir el trabajo infantil, persisten dinámicas sociales
tendientes al mantenimiento de este fenómeno. Por ello
se hacen necesarias acciones para mejorar los sistemas estadísticos
de medición del problema, aumentar el nivel de difusión
y sensibilización de la opinión pública,
incorporar el tema en las agendas locales y regionales, lograr
mayor participación y compromiso del sector educativo,
y alcanzar una articulación más decidida con recursos
públicos que le den sostenibilidad a la política
nacional y veedurías ciudadanas, entre otros. El país
ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en cuanto a la edad mínima
y las peores formas de trabajo infantil, pero tiene pendiente
la modificación de las normas nacionales que hoy reglamentan
el tema (Código del Menor, 1989). El país no ha
logrado incorporar en la legislación en materia de infancia,
la filosofía propia de la Convención Internacional
de Derechos del Niño.
El momento actual demanda mayores esfuerzos en la protección
integral de la infancia y la plena vigencia de sus derechos.
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