Enrique
Peñaloza Quintero, investigador del Cendex de la Universidad
Javeriana, conceptuó que el primer problema del régimen
subsidiado partió de la unificación de planes
de beneficios que hizo el gobierno, cumpliendo la Sentencia
T-760: “A diferencia del régimen contributivo, el
subsidiado quedó con $120.000 por debajo de la prima:
¿Cómo es posible que haya igualdad de beneficios,
pero con prima inferior? Ese es uno de los elementos que hizo
que algunas EPS como Colsubsidio en Bogotá decididieran
no continuar la operación en el sistema, pues lo haría
bajo una operación deficitaria”.
Dijo el experto que hay que dar el debate por no existir un
mercado de aseguramiento, sino un mercado donde las EPS a partir
de los riesgos que asumen deben ajustar una prima, definida
mediante capitación por el gobierno, y que no representa
la cobertura de los riesgos que tienen con los afiliados: “Estas
instituciones siguen siendo administradoras de recursos y como
tal, realmente no tienen un papel sustancial en el sistema.
La justificación actual de dos regímenes sería
el origen de los recursos, que en el contributivo vienen de
las cotizaciones a la nómina y el subsidiado aún
recibe recursos del Sistema General de Participaciones. Pero
independiente de las fuentes, hoy deberíamos pensar en
una sola institución, llámese EPS del contributivo
o del subsidiado, para operar ambos regímenes, pues lo
que debemos administrar es el riesgo; así no tendríamos
EPS del subsidiado y EPS del contributivo. Podríamos
seguir con la actual forma de financiación, pero con
nuevas formas de contratación para el manejo de recursos
públicos, en este caso del régimen subsidiado”.
El investigador calificó el actual modelo de aseguramiento
como 'totalmente agotado': “Sus bases teóricas se
han desvirtuado en la operación del sistema; debe haber
un gran comprador de servicios territorial que busque eficiencia
en la gestión y en la compra de medicamentos, no necesariamente
con la figura de las EPS actuales, y podremos hablar de administrar
recursos, no de asegurar personas. Los recursos siguen siendo
públicos, no propiedad de las EPS, no hay incentivos
para que ellas trabajen eficientemente. En inspección,
vigilancia y control (IVC), no hay capacidad operativa en una
Supersalud para controlar a todos los actores, hay que evolucionar
hacia una IVC con enfoque más preventivo, para poder
detectar los riesgos del sector, con una mirada predictiva,
no sólo controlando y sancionando a los actores, pues
nunca tendremos capacidad para vigilarlos a todos. En ese nuevo
esquema, la responsabilidad no debe ser sólo de la Superintendencia
de Salud: hay que dar de nuevo un papel protagónico a
los entes territoriales y otros actores del sistema”. |
