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| Fallo
del Consejo de Estado recordó que los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud no pertenecen a los entes
que por disposición legal los administran. Los dineros
que las aseguradoras -EPS- reciben de los usuarios y del Estado,
deben enfocarse a garantizar el derecho a la salud de los usuarios
y manejarse con la misma transparencia que se exige a entidades
públicas, concluyó la Sentencia 25000232400020110008101
de julio 10/12, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla.
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Este fallo reitera
la facultad de Supersalud para intervenir y sancionar a entidades
que no cumplen sus obligaciones o ponen en riesgo los recursos
del sistema de salud; si bien las EPS pueden cumplir su objeto
social contratando servicios de terceros o a través de
su propia red, esto no significa que los recursos parafiscales
puedan emplearse en asuntos no relacionados con la prestación
de servicios de salud. |
Fallo
tumbó conciliación de Supersalud y SaludCoop
El pronunciamiento confirmó el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que improbó el acuerdo
conciliatorio entre Supersalud y la EPS SaludCoop (que salvaba
a la EPS de restituir cerca de $650.000 millones al sistema):
“Si bien es cierto, como lo dice el Comité de Conciliación,
que no existe una prohibición de ley o gubernamental
para que las EPS presten los servicios de salud a través
de las inversiones en activos fijos que tengan como finalidad
la atención de sus afiliados, el argumento se refiere
a la inversión en activos fijos pero no hace alusión
a los recursos con los cuales se hace la inversión, que
es el punto que desarrollan las resoluciones materia de conciliación”.
La conciliación entre la EPS y la Súper anuló
las resoluciones que sancionaron a la EPS por destinar recursos
parafiscales a la compra de activos fijos, a cambio de que se
abstuviera de iniciar procesos judiciales contra el ente de
vigilancia. La decisión del Consejo tuvo en cuenta la
investigación de la Contraloría (que también
había apelado la conciliación) contra Carlos Palacino,
presidente de SaludCoop, y varios ejecutivos de la que fuera
la EPS más grande del país, investigación
que encontró sobrecostos cercanos a $1 billón
en medicinas y tratamientos, excesiva contratación con
la red propia de Saludcoop y recobros ilegales al Fosyga.
La Contraloría también halló evidencias
de posibles malos manejos administrativos, como el pago de $23.000
millones en honorarios a reconocidos abogados (como el fiscal
Eduardo Montealegre) con dineros de la salud, y millonarias
compras de clínicas e inversiones en el exterior: por
lo menos $750.000 millones habrían sido utilizados irregularmente
por la EPS. "El solo rubro de sueldos del personal directivo
por $23.000 millones y bonificaciones por otros $6.290 millones
en el período de investigación (2004-2008) demuestra
un gasto excesivo que no se compadece con la valoración
objetiva del talento humano y la supuesta iliquidez que siempre
argumentó SaludCoop en diversas instancias, responsabilizando
al Fosyga y al gobierno nacional por el no pago de los recobros",
dice la sentencia del Consejo de Estado, en referencia al informe
de la Contraloría.
La Sala Plena del Consejo explicó que no se evidenció
vulneración al debido proceso de SaludCoop con la sanción
impuesta, pues la Supersalud tenía facultad para hacerlo,
decretó pruebas y le permitió interponer recursos;
además, la misma información entregada por la
EPS SaludCoop demostraría el mal uso de los dineros de
la salud: "El desvío de recursos parafiscales a
fines diferentes de los asignados legal y constitucionalmente
fue constatado a partir de documentos contables de SaludCoop". |
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