El 15 de mayo de 2016,
la periodista Lorena Beltrán decidió denunciar
ante los medios de comunicación los daños irreversibles
que había sufrido en sus senos tras haberse sometido
a una mamoplastia con un médico que, a pesar de tener
el aval del Ministerio de Educación para ejercer, resultó
tener un título 'exprés' en Cirugía Plástica
Estética, que no cumplía con los requisitos académicos
necesarios para ser considerado como especialidad.
El olfato periodístico de Beltrán la llevó
a encontrar en un caso, al parecer, aislado, la grave problemática
de regulación en las convalidaciones de especializaciones
médicas realizadas en el exterior y a abanderar la campaña
#CirugiaseguraYA que busca reformar, a través de un proyecto
de ley, la reglamentación de procedimientos médicos
y quirúrgicos con fines estéticos y regular la
oferta de estas intervenciones.
De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
las complicaciones derivadas por este tipo de procedimientos
pueden afectar a 34 de cada 100 personas en el país.
La cifra alarma teniendo en cuenta que la cirugía plástica
en Colombia aún no cuenta con una reglamentación
semejante a la de especialidades médicas como la anestesiología.
“En este momento médicos generales se atreven a
poner senos y glúteos cuando deberían tener una
especialización, poniendo la vida de los pacientes en
riesgo”, denuncia Beltrán, quien al indagar sobre
los títulos de su médico pudo encontrar que este
no era el único caso con título 'éxpres'
ejerciendo en el país.
“Empiezo a darme cuenta que hay un grupo de médicos
que tienen la especialidad de cirugía plástica
en la misma universidad que mi cirujano, la Universidad Veiga
Almeida de Brasil y que esa universidad ni siquiera tiene Facultad
de Medicina y lo que hacían estos médicos eran
cursos cortos de actualización que ni siquiera en Brasil
equivalen a una especialización médica”,
explica Beltrán.
A la causa de la periodista se unió la Asociación
de Sociedades Científicas Colombianas, la Sociedad de
Cirugía Plástica y Reconstructiva, la Sociedad
Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E
y diversas universidades públicas y privadas que cuentan
con esta especialización, entre ellas la Sección
de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano
de la Universidad de Antioquia, que en junio de 2016 realizó
un comunicado dirigido a la entonces Ministra de Educación,
Gina Parody, en donde exponían detalladamente por qué
no se debían convalidar las especializaciones médicas
obtenidas en esta universidad brasileña.
“En Brasil, los cursos de post-graduación "Latu-Senso"
(Pós Graduação Latu Senso), no conducen
a título de especialista en Cirugía Plástica
y se han formalizado denuncias ante el Consejo Federal de Medicina,
el Consejo Regional de Medicina y la Comisión Mixta de
Especialidades en ese país, por parte de la Sociedad
Brasilera de Cirugía Plástica, con el propósito
de evitar estos cursos, llamados "cursos de fines de semana”,
expone la universidad.
Una realidad que toca todas las ramas
de la medicina
El caso de Lorena Beltrán puso en evidencia la
falta de reglamentación en las convalidaciones de especializaciones
en todas las ramas de la medicina. “El año pasado
logré evidenciar que también están implicados
odontólogos en la convalidación irregular de títulos
en el Brasil, pero también tengo información de
que esto se presenta en todas las especialidades en pediatría,
anestesiología y cardiología. Entonces es necesario
que MinEducación fortalezca y eleve los procedimientos
de convalidación, porque si el profesional tiene un aval
del Ministerio ¿cómo hace el paciente para dudar
de la idoneidad del profesional?”, comenta.
Esta misma problemática llevó a que en febrero
de este año, más de 55 mil profesionales de la
salud agremiados en el Colegio Médico Colombiano y la
S.C.A.R.E manifestaran su preocupación frente MinEducación
y MinSalud ante la falta de exigencia y verificación
de los requisitos legales que tienen que cumplir los médicos
formados en el exterior que vienen a prestar sus servicios en
Colombia.
“El año pasado se convalidaron los títulos
de 101 anestesiólogos provenientes del extranjero, una
cifra similar a los que se gradúan en las escuelas de
posgrado de anestesiología en Colombia, que son 110 profesionales
al año. Hemos visto con preocupación que no hay
una forma, como se hace en otros países, de verificar
o constatar que un anestesiólogo que proviene del exterior
efectivamente reúne todas las exigencias que debe tener
en el pensum de la especialidad de anestesiología y reanimación”,
explica el médico Jose Ricardo Navarro- director de la
SCARE y de la Asociación de Sociedades Científicas
Colombianas.
De acuerdo al director de Desarrollo de Talento Humano en Salud
de MinSalud, Juan Carlos Ortiz, aunque existen instrumentos
jurídicos y normativos para que las autoridades competentes
puedan realizar control (como la Ley 1164 de 2007 y las normas
del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud,
particularmente las normas de habilitación (Resolución
2003 de 2014)), “la certificación y recertificación
contempladas en la ley 1164 que tenían el propósito
de crear un instrumento legal que permitiera evaluar las competencias
de los profesionales y especialistas de la salud, bien sean
formados en instituciones nacionales o extranjeras, fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional”.
Es por esta razón que Navarro afirma que el control en
la convalidación de títulos en el país
se limita a la validación de documentos sin realizar
un seguimiento u observación directa del profesional.
“No existe una observación directa a quien pretende
ejercer en Colombia, y las entidades contratantes terminan vinculando
a profesionales extranjeros, asumiendo costos inferiores al
de un nacional, en detrimento de la seguridad del paciente”,
argumenta el director de la S.C.A.R.E.
Ante esta problemática Ortiz afirma que una herramienta
clave de regulación es la denuncia. “Es clave que
las personas, organizaciones e instituciones que tengan conocimiento
de situaciones en que se esté configurando el ejercicio
ilegal de las profesiones de la salud, eleven las denuncias
concretas de manera oportuna”, explica.
Mientras tanto las agremiaciones médicas son enfáticas
en decir que poco o nada sirve pregonar como regla de oro la
búsqueda sin excusas de la seguridad del paciente, si
no se puede garantizar la prestación de servicios de
salud con altos estándares de calidad. |
