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Cifras vaticinan próxima
crisis
La crisis financiera de los hospitales mentales en el país,
si bien aún no es tan dramática como las de
otros hospitales, va por un camino que pone en aprietos su
existencia.
El Hospital Psiquiátrico San Isidro del Valle del Cauca
está en punto de equilibrio gracias a medidas adoptadas
por su administración, pero el presupuesto asignado
para el año 2005 de $4.900 millones es menor frente
al del 2004 de $17.000 millones, reducción que se da
pese a ser el único hospital mental del país
que consiguió la certificación de calidad bajo
norma ISO 9001:2000; el San Camilo de Bucaramanga, que atiende
pacientes de los Santanderes, sur del Cesar y Magdalena, con
infraestructura de 300 camas, presenta un déficit alrededor
de $3.500 millones; el Centro de Rehabilitación Integral
del Atlántico, CARI, tuvo recorte de $2.000 millones,
con el agravante de que el 40% de sus pacientes proceden de
Barranquilla, ciudad con la cual no existe ningún tipo
de contrato, generando un faltante en tesorería, ya
que prácticamente subsidia la atención de estos
pacientes.
En el Hospital Mental de Risaralda en el año 2002 se
hizo una reestructuración que redujo en 50% su planta
de personal y congeló el gasto. La situación
está saneada, pero pese al convenio con el Ministerio
de la Protección Social que se suponía era obligación
para ambas partes, de mantener el gasto bajo y por lo menos
garantizar los mismos recursos que ingresaron en el año
2002, en los lineamientos del departamento a finales de octubre,
aparece rebaja del presupuesto para el próximo año
de $400 millones. "El problema presupuestal de los hospitales
mentales no es insalvable", según la doctora Adriana
Patiño, directora del Hospital, pues cálculos
realizados muestran que sus presupuestos son de unos $60.000
millones anuales: "No es un costo tan alto a nivel nacional
y debe salir de algún sitio, lo deberían garantizar
mínimo por oferta y en los entes territoriales".
La raíz del problema
El problema de fondo de los hospitales psiquiátricos
en Colombia no está en la falta de presupuesto sino
en la estructura del sistema que impide conseguirlo, por cuanto
la salud mental no está incluida dentro del régimen
subsidiado y apenas está someramente cubierta en el
contributivo, lo que hace más difícil la situación.
Para el año entrante el panorama se complica al hacer
cumplir la Ley 715, pues con el cambio de oferta a demanda,
la salud mental quedará 'volando'. "Como la salud
mental no figura en el POS subsidiado, nunca vamos a poder
cobrar por demanda; entonces toca siempre seguir trabajando
por oferta", recalca la doctora Patiño.
En la práctica, el problema es bastante grave, como
lo describe el doctor Oscar Rosales Rodríguez, director
del CARI del Atlántico: "Por ley tenemos que brindar
la atención en urgencias, pero después es un
problema grave que se autorice la orden de hospitalización
ya que, ¿ante quién se hace la presentación
de la factura y su cobro? ¿Cómo se estabiliza
a una persona con un episodio sicótico en 24 horas?
El porcentaje estándar de hospitalización es
de 15 a 20 días para aliviar o disminuir un episodio,
son 15 días que logramos un impacto social que no se
ve reflejado en quien lo paga".
Para los hospitales de salud mental, 'vinculados' y subsidiados
vienen siendo el mismo paciente; la red pública tiene
a su cargo la población sin afiliación, pero
al no estar la salud mental en el POS subsidiado, también
recibe estos pacientes, sin que las ARS reconozcan el servicio
y el Estado tampoco lo haga, por aparecer estas personas como
beneficiarios del subsidiado. Para el doctor Harold Alberto
Suárez, director del Psiquiátrico San Isidro
del Valle, es una situación absurda por cuanto "a
nosotros por ley nos hacen transformación de recursos
de oferta a demanda, tenemos que atender población
subsidiada que tiene recursos de ese régimen, completamente
gratis; es decir, como si fuera población pobre vulnerable
y los hospitales mentales estamos presentando excedentes de
facturación sin posibilidad de cobro, bastante significativos".
La situación parece una serpiente que se muerde la
cola pero que se va devorando inexorablemente, tal vez hacia
su desaparición, ya que como lo señala el doctor
Rosales del CARI, en la medida que haya más personas
afiliadas al régimen subsidiado, hay menos dinero en
el Sistema General de Participaciones para 'vinculados', con
una enorme paradoja: si la Ley 100 hubiera sido efectiva y
todos los colombianos tuvieran un 100% de la cobertura, nadie
se podría hospitalizar ni recibir tratamiento psiquiátrico
especializado, al no estar incluido dicho tratamiento en el
sistema.
El doctor César Aldemar González, director del
Hospital San Camilo de Bucaramanga y presidente de la Asociación
Colombiana de Hospitales Mentales, señala cómo
los problemas son estructurales: "Solo dependemos de
dos fuentes de financiación, régimen contributivo
y transferencias de la Nación, llámese Sistema
General de Participaciones o rentas cedidas, que disminuyeron
este año debido a la crisis hospitalaria".
Hospitales de puertas giratorias
Otro aspecto en el cual coinciden todos los directores de
hospitales mentales del país, es que sus instituciones
se han convertido en hospitales de puertas giratorias por
la falta total de una política de salud mental; el
esfuerzo que se hace en ofrecer una atención de urgencias,
consulta especializada, hospitalización y programas
como el hospital-día, se pierde en el momento en que
el paciente sale del hospital, porque no hay constituidas
unas políticas ni redes de apoyo al enfermo mental,
situación que han informado los directores al viceministro
de salud, Eduardo Alvarado. Cuando el paciente es dado de
alta, la falta de recursos para promoción y prevención
(P y P), la ausencia de acciones del Plan de Atención
Básica (PAB) y la falta de compromiso de las ARS, que
no tienen obligación por ley, hacen que el proceso
de recaídas sea muy alto (más de 8 hospitalizaciones
por paciente por año), incrementando las pérdidas
para el sistema y para la sociedad en general.
Esta situación de recaída del paciente psiquiátrico
se ve agravada por la obsolescencia de los medicamentos existentes
en los listados del POS y su suministro. Según el doctor
Harold Suárez, las ARS con un elemento de tipo técnico-jurídico,
no están dando la medicación y "delegan"
esta responsabilidad de medicación a los entes territoriales.
Además, el vademécum es muy reducido, como lo
ratifica la doctora Olga Albornoz Salas, presidenta de la
Asociación Colombiana de Psiquiatría: "En
anti-sicóticos de segunda generación no
tenemos incluido sino un medicamento, la clozapina, que ni
siquiera es de primera línea; medicamentos como los
de tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo no están
cubiertos; en anti-depresivos solo tenemos uno, la fluoxetina.
El paciente mental está completamente desprotegido".
Habría entonces que considerar la opinión del
director del CARI: "Si le miramos el costo-beneficio
y no el costo en dinero, es mucho mejor ampliar y actualizar
el listado, porque evitamos la recaída y mejoramos
la resocialización de los pacientes". Resta esperar
entonces, que la salud mental de los colombianos y las instituciones
que le sirven de apoyo, los hospitales mentales, entren en
la agenda de los "asuntos pendientes por resolver"
del actual gobierno.
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