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El proyecto de ley del Presupuesto
General de la Nación para el año 2005 fue aprobado
por el Congreso de la República sin lugar a grandes
titulares de prensa ni enfrentamientos entre defensores y
contradictores del gobierno, por lo que dejó la sensación
de que contaba con el consenso de la clase política;
sin embargo, el casi generalizado desconocimiento sobre su
contenido y su discusión a pocas horas de ser votado
en plenaria de Senado y Cámara (por ley tiene que votarse
antes de las 12 de la noche del 20 de octubre y la discusión
en plenaria se citó para el día 19), se consideró
por varios senadores como maniobra del gobierno para evitar
la discusión en profundidad.
El representante a la cámara Plinio Olano, afirmó
que el presupuesto quedó lleno de vicios de trámite,
entre otros, la no aprobación del monto global en plenarias
ni en comisiones, lo que abre la posibilidad de que sea declarado
inexequible por la Corte Constitucional, con lo cual el país
se vería abocado a una "dictadura fiscal"
para el 2005 consistente en una de dos opciones: vigencia
del presupuesto tal como fue votado en las comisiones de Senado
y Cámara, o extensión de la vigencia del presupuesto
de 2004.
Otras voces del Congreso señalaron que se priorizaron
acciones politiqueras, por cuanto el presupuesto presentado
por el gobierno y aprobado básicamente con votos uribistas,
incluye partidas de manejo de Presidencia de la República
por $250.000 millones como herramienta para los Consejos Comunales,
lo que comenzó a ser visto por algunos como una peligrosa
ventaja frente a otros candidatos, en el interés reelecionista
de Álvaro Uribe.
Un presupuesto sin recursos
garantizados
El presupuesto para el año 2005 sube casi a 93 billones
de pesos (13 billones más que en 2004), de los cuales
32 billones van a cubrir deuda, 16 billones a pensiones, 11
billones a seguridad democrática, 11.7 billones a inversión,
15 billones a transferencias y 7 billones a inversión
en comunidades indígenas, energía y gastos de
funcionamiento del Estado.
Frente al presupuesto se levantaron calificadas voces de alerta
como la del Contralor General de la República, Antonio
Hernández Gamarra, quien afirma que está gravemente
desfinanciado y que a pesar del crecimiento de recaudos, hay
un faltante de $5 billones que provendrían de futuras
pero inciertas privatizaciones de empresas del Estado por
2.8 billones, y de ingresos de capital de 1.9 billones que
no se tiene certeza de conseguir.
A esta voz hizo eco el ex ministro de Hacienda Juan Camilo
Restrepo, quien además otea en el horizonte cercano
una quinta y sexta reforma tributaria de la administración
Uribe para cubrir los faltantes: "Aún asumiendo
que se apruebe la cuarta reforma tributaria de esta administración,
que esta en discusión en este momento, y que aspira
recaudar 1.6 billones de pesos, provenientes principalmente
de más IVA, de todas maneras el presupuesto 2005 arriesga
a quedar desfinanciado en cerca de 4.7 billones de pesos".
La salud dentro del presupuesto
Comparado con el año 2004, el rubro de inversión
muestra un aumento real de 10% y un incremento en cifras globales
para Protección Social, siendo el renglón con
más recursos; de $11.7 billones destinados a inversión,
Protección Social tiene $3.6 billones, seguido por
Hacienda con $1.8 billones. Sin embargo, al analizar Protección
Social en forma desagregada, se aprecia que tienen peso específico
rubros como saneamiento básico, que afectan el comportamiento
final de recursos aprobados en áreas directas de la
salud.
Para el doctor Elkin Hernán Otálvaro, director
ejecutivo de Cosesam, es necesario mirar como se desagregará
el presupuesto de salud, por cuanto hasta ahora se ha discutido
en grandes rubros. Pero la pregunta es: luego de desagregados,
¿cómo quedarán aspectos tan importantes
como Prevención y Promoción o el PAB (Plan de
Atención Básica)?
En cuanto a recursos para solucionar la crisis hospitalaria,
si bien el presidente Uribe el pasado 29 de junio propuso
al Congreso salvar la red pública hospitalaria, los
$400.000 millones aprobados en el presupuesto para reestructuración
están muy lejos de los 600 millones de dólares
que el ex ministro Juan Luis Londoño declaró
que se necesitaban para tal fin. Paradójicamente, la
cifra de $400.000 millones no surge por iniciativa gubernamental,
sino por gestión de los congresistas, y según
el senador Omar Yepes, "se logró incrementar la
partida, porque inicialmente habían propuesto $100.000
millones, luego se lograron incrementos por $200.000 millones,
más la partida de adición presupuestal que va
de ahora hasta el 31 de diciembre, o sea $400.000 millones,
destinados a reestructuraciones. Eso puede ser poco porque
el problema es muy grande, pero es lo que logramos sacar,
por cuanto el Congreso presionó para incrementarla".
Los $400.000 millones provienen del desembolso del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por 89 millones de dólares, crédito
gestionado inicialmente por el extinto Juan Luis Londoño,
más algunos ajustes de la Subcuenta de Enfermedades
Catastróficas y Accidentes de Tránsito (ECAT);
por ello, estos dineros no son recursos nuevos asignados al
sistema, sino la utilización de un desembolso internacional
aprobado previamente.
Las transferencias representan cerca del 75% de los gastos
de funcionamiento con recursos de la Nación y para
el 2005 traen un incremento de 19.5% frente al valor de 2004,
que se explica por el comportamiento de las pensiones que
crecen $3.1 billones. Dentro de las transferencias, las asignaciones
al Sistema General de Participaciones (SGP), cuya destinación
es transferir recursos a los entes territoriales para financiar
educación, salud y otros gastos de propósito
general, crecen frente al 2004 en 7.6%, equivalente a lo ordenado
por la ley, que es inflación causada (5.5%) más
2 puntos. Este análisis es importante porque dentro
del rubro de transferencias, la salud aparece con una asignación
de $3.586 billones, o sea 7.6% más que en 2004, lo
que significa que su participación no es mayor porcentualmente
que la del año anterior y que el incremento en pesos
de $254.000 millones corresponde a lo ordenado por la ley,
en contravía con el anunciado énfasis social
que el gobierno pretendía darle al presupuesto 2005.
Los recursos para salud en las transferencias están
dirigidos a financiar la continuidad y ampliación de
coberturas en régimen subsidiado, prestación
de servicios de salud a vinculados y acciones en salud pública.
Sin embargo y según analistas del sector, se prevé
que principalmente serán destinados para ampliar cobertura
del régimen subsidiado a través de subsidios
parciales, para cumplir con las metas del gobierno de llegar
en el año 2005 a 13.8 millones de personas, lo que
implicará un incremento de 900.000 cupos.
El gran peligro de lo social
El problema del presupuesto aprobado es su financiación
incompleta, como lo denunció el Contralor, ya que si
bien el gobierno orientó su esfuerzo a aumentar niveles
de atención para los grupos más vulnerables,
tanto en salud como en otros campos, también es cierto
que el aumento en el presupuesto 2005 se sustenta en mayor
crecimiento de la economía (algo absolutamente especulativo),
recaudos de una reforma fiscal aún sin aprobar por
el Congreso, y la posible venta de recursos y activos de la
Nación que adelanta el Ministerio de Hacienda (privatización
del gas y venta de electrificadoras e ISA). Lo que quiere
decir en buen paisa, como le gusta al presidente: se enjalmó
sin tener la bestia.
Un presupuesto sin financiación solo traerá
incumplimientos y recortes, que es de prever serán
en el campo social y no en seguridad democrática o
vías indispensables para el TLC. La historia reciente
muestra que el gobierno Uribe justificó el déficit
del presupuesto de 2004 diciendo que se subsanaría
con los puntos económicos que traería el referendo.
"No hay problema", dijo el ministro de ese momento,
Fernando Londoño, pero el referendo no pasó
y el presupuesto se reventó, se incumplieron metas
y se recortaron asignaciones a todos los componentes sociales.
Hoy presenciamos la misma historia, y estamos asistiendo a
la proyección de un "Presupuesto Recargado".
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