Una reforma a espaldas de la salud pública Hernando Guzmán PaniaguaPeriodista elpulso@elhospital.org.co “La participación que se brindó para los proyectos de reforma fue más formal que real. En Medellín, por ejemplo, hubo un diálogo de sordos donde cada quien decía lo que creía, pero no se tomaba nota ni se tenían en cuenta esas ideas”, dijo Jaime Gañán Ruiz, constitucionalista y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760/08. Y agregó: “El proyecto de ley ordinaria aunque toca los puntos neurales, fortalece el esquema actual: el modelo de aseguramiento que en sí no es malo, pero desde la Ley 100/93 demostró grandes falencias; la iniciativa es más administrativa y financiera que de salud”. Explicó además, que “el proyecto de ley ordinaria 01/2010 y acumulados, reúne algunos puntos en que muchos coincidimos: rectoría del sistema, financiación, redes de servicios, talento humano, medicamentos, inspección, vigilancia y control, información, tecnología en salud, pero que deben ser no fruto de acumulados de proyectos -la mayoría de origen gubernamental- sino de concertación amplia y democrática. En el articulado permanecen los regímenes contributivo y subsidiado, se refuerzan algunas normas, no se habla en parte alguna del derecho fundamental a la salud, está bien que figure la portabilidad -no del carnet sino del derecho que es universal- también tendrían que ser los servicios (las entidades verían cómo hacer la compensación). Se habla ya del principio de corresponsabilidad, que es más general, menos de sanciones como el 'auto-cuidado', se toca un poco más de la falta de personal especializado, pero son artículos desconectados, por ser fruto de acumulación y no de concertación; no se permite el diálogo con otros modelos de salud en el mundo que han dado buenos resultados, y se cierra en fortalecer el sistema, no en hacer un cambio estructural del modelo”. Agregó el jurista: “Los grandes cambios puntuales quedaron por fuera. Había puntos de organismos rectores muy bien elaborados que ya no aparecen, como tampoco los principios del derecho fundamental y de la salud como servicio esencial, ni refuerzos importantes de la inspección, vigilancia y control; se ve un ataque velado contra la acción de tutela, como es darle a la Supersalud poderes jurisdiccionales y por crear un proceso más corto, se crea una barrera más a los beneficios No-POS requeridos con necesidad. Gañán Ruiz señaló que al calificar las prestaciones “que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo”, de entrada se excluyen y de nuevo se ataca la autonomía médica: “El grueso de las organizaciones científicas, gremiales y profesionales, la Comisión de Seguimiento a la T-760 y los Observatorios de Salud, pedimos en su momento al gobierno eliminar el mensaje de urgencia, retirar los proyectos y abrir el debate para mirar otros modelos. ¿A quién le conviene que los sectores ignorados en estas decisiones sigan trabajando aisladamente? A que salga este proyecto más rápido y se fortalezca lo existente. Igual, el proyecto de Ley Estatutaria refuerza la idea de la sostenibilidad financiera. Siendo pesimista, nada raro que el 23 de diciembre tengamos una nueva ley parecida a los decretos de emergencia social o a la Ley 1122”.   Más información... 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