MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 147  DICIEMBRE DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Quieren acabar
los hospitales públicos”
Juan Carlos Arboleda Z. - Periodista elpulso@elhospital.org.co

El anuncio de la reforma a la salud puso a los hospitales públicos a pensar en una nueva esperanza para corregir los problemas que desde la Ley 100 los sumieron en una crisis permanente: de ahí su participación activa en foros regionales, mesas técnicas, comisiones de expertos y en cuanto espacio les fue posible acudir. Una vez conocido el proyecto unificado, la expresión fue unánime: “Quieren acabar los hospitales públicos”. Luis Alberto Martínez, director de Aesa, afirmó con desconsuelo: “Me queda un tremendo
sinsabor: lo que parecía tan bien intencionado en la versión del 3 de noviembre se cambió tanto, que de no modificarse es mejor quedarnos como estamos”.
Las pretensiones de los hospitales públicos eran, en esencia, simples y pensadas con un interés general y no solo de sector prestador: “Que el Estado asuma el manejo de los recursos y de las políticas a través de un ministerio especializado; que los sistemas de información funcionen de manera similar a los de la DIAN, donde los usuarios son identificados fácilmente; que no exista una salud de primera y otra de segunda categoría, sino un sistema para todos los colombianos con un plan unificado, donde los usuarios reciban atención sin tener que acudir a instancias legales; que se disminuyan los trámites y gestiones administrativas excesivas de hospitales públicos que generan sobrecostos”, eran entre otras las consideraciones que manifestaba Luis Hernán Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, Aesa.
Conocido el proyecto unificado, algunas críticas desde los hospitales públicos son: no se fortalece la salud pública, en cambio se le disminuyen recursos y su conceptualización es muy confusa; se quita la preferencia de contratar acciones de salud pública y de promoción y prevención con IPS públicas; el articulo 24 permite la reestructuración de las EPS facilitando la integración vertical; se acaba el giro directo a las IPS quedando a merced de la voluntad de pago de las EPS; se ataca la descentralización y autonomía de los municipios; se pone en riesgo la continuidad del traslado del 1.5% de las cotizaciones del contributivo al subsidiado; se impone a las ESE un impuesto del 0.2% de sus ingresos para crear un fondo que cubra sus pérdidas, algo absurdo cuando es la constante mora de las EAPB la que causa sus problemas de fluidez financiera sin que se den sanciones; no hay un programa creíble de fortalecimiento de la red pública mientras se evidencia un incentivo a la privatización; se reduce la contratación obligatoria del subsidiado con hospitales públicos del 60 actual a un 40%; se obliga a las ESE a someterse a parámetros de contratación pública, quitándole la celeridad que permite el derecho privado; se establece un indicador de riesgo financiero que desconoce la deuda de las EAPB con las ESE para dejarlas desde el papel en estado de iliquidez y facilitar su liquidación, algo que ya se intentó en la emergencia social; y se agudiza el problema del pasivo prestacional.
Pero lo más frustrante de la reforma para las ESE, fue encontrar que su propuesta de que el modelo de atención se basara en redes integradas -donde la red pública a través de alianzas subregionales atendiera los distintos niveles de complejidad para que los usuarios recibieran una atención integral y se redujeran las remisiones a las grandes ciudades- por un rifirrafe extraño quedó convertida en una nueva oportunidad para que las EPS se apropien de los hospitales públicos, además de crearles el incentivo de construir su propia infraestructura en las regiones hasta ahora “despreciadas” por ellos; el milagro del 'cambiazo' se logró porque el proyecto ordena las redes, pero deja su administración, coordinación y creación a la responsabilidad y al usufructo de las aseguradoras. ¿Dónde queda la autonomía de las redes y de los hospitales subregionales? La propuesta se contrapone con el principio de mantener separadas (aunque en Colombia sea éste, otro supuesto incumplido), las funciones del aseguramiento y de la prestación de servicios. La situación es tan grave, que el doctor Martínez concluye: “No sentimos compromiso del gobierno para el fortalecimiento de las ESE y mas bien parece decidido a su exterminio”.
 
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