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Quieren acabar
los hospitales públicos
Juan
Carlos Arboleda Z. - Periodista elpulso@elhospital.org.co
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El anuncio de
la reforma a la salud puso a los hospitales públicos
a pensar en una nueva esperanza para corregir los problemas
que desde la Ley 100 los sumieron en una crisis permanente:
de ahí su participación activa en foros regionales,
mesas técnicas, comisiones de expertos y en cuanto espacio
les fue posible acudir. Una vez conocido el proyecto unificado,
la expresión fue unánime: Quieren acabar
los hospitales públicos. Luis Alberto Martínez,
director de Aesa, afirmó con desconsuelo: Me queda
un tremendo |
sinsabor: lo que
parecía tan bien intencionado en la versión del
3 de noviembre se cambió tanto, que de no modificarse
es mejor quedarnos como estamos.
Las pretensiones de los hospitales públicos eran, en
esencia, simples y pensadas con un interés general y
no solo de sector prestador: Que el Estado asuma el manejo
de los recursos y de las políticas a través de
un ministerio especializado; que los sistemas de información
funcionen de manera similar a los de la DIAN, donde los usuarios
son identificados fácilmente; que no exista una salud
de primera y otra de segunda categoría, sino un sistema
para todos los colombianos con un plan unificado, donde los
usuarios reciban atención sin tener que acudir a instancias
legales; que se disminuyan los trámites y gestiones administrativas
excesivas de hospitales públicos que generan sobrecostos,
eran entre otras las consideraciones que manifestaba Luis Hernán
Sánchez, presidente de la Asociación de Empresas
Sociales del Estado de Antioquia, Aesa.
Conocido el proyecto unificado, algunas críticas desde
los hospitales públicos son: no se fortalece la salud
pública, en cambio se le disminuyen recursos y su conceptualización
es muy confusa; se quita la preferencia de contratar acciones
de salud pública y de promoción y prevención
con IPS públicas; el articulo 24 permite la reestructuración
de las EPS facilitando la integración vertical; se acaba
el giro directo a las IPS quedando a merced de la voluntad de
pago de las EPS; se ataca la descentralización y autonomía
de los municipios; se pone en riesgo la continuidad del traslado
del 1.5% de las cotizaciones del contributivo al subsidiado;
se impone a las ESE un impuesto del 0.2% de sus ingresos para
crear un fondo que cubra sus pérdidas, algo absurdo cuando
es la constante mora de las EAPB la que causa sus problemas
de fluidez financiera sin que se den sanciones; no hay un programa
creíble de fortalecimiento de la red pública mientras
se evidencia un incentivo a la privatización; se reduce
la contratación obligatoria del subsidiado con hospitales
públicos del 60 actual a un 40%; se obliga a las ESE
a someterse a parámetros de contratación pública,
quitándole la celeridad que permite el derecho privado;
se establece un indicador de riesgo financiero que desconoce
la deuda de las EAPB con las ESE para dejarlas desde el papel
en estado de iliquidez y facilitar su liquidación, algo
que ya se intentó en la emergencia social; y se agudiza
el problema del pasivo prestacional.
Pero lo más frustrante de la reforma para las ESE, fue
encontrar que su propuesta de que el modelo de atención
se basara en redes integradas -donde la red pública a
través de alianzas subregionales atendiera los distintos
niveles de complejidad para que los usuarios recibieran una
atención integral y se redujeran las remisiones a las
grandes ciudades- por un rifirrafe extraño quedó
convertida en una nueva oportunidad para que las EPS se apropien
de los hospitales públicos, además de crearles
el incentivo de construir su propia infraestructura en las regiones
hasta ahora despreciadas por ellos; el milagro del
'cambiazo' se logró porque el proyecto ordena las redes,
pero deja su administración, coordinación y creación
a la responsabilidad y al usufructo de las aseguradoras. ¿Dónde
queda la autonomía de las redes y de los hospitales subregionales?
La propuesta se contrapone con el principio de mantener separadas
(aunque en Colombia sea éste, otro supuesto incumplido),
las funciones del aseguramiento y de la prestación de
servicios. La situación es tan grave, que el doctor Martínez
concluye: No sentimos compromiso del gobierno para el
fortalecimiento de las ESE y mas bien parece decidido a su exterminio. |
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