MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 147  DICIEMBRE DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“La reforma expropia recursos
a los municipios”: Fedesalud

Hernando Guzmán PaniaguaPeriodista elpulso@elhospital.org.co

“Además de quitarle a los municipios la totalidad de los recursos de salud, el proyecto de Ley Ordinaria 01/10 les expropia un 1.5% del 11,6% de sus participaciones de propósito general, únicas sobre las que pueden decidir cómo asignar frente a mil necesidades de sus comunidades”, aseveró el presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (Fedesalud), Félix Martínez.
Indicó que “el proyecto modifica el esquema de financiación del régimen contributivo y del subsidiado e introduce un mecanismo para distribuir los recursos entre ambos regímenes según las necesidades de financiación.” Además, en la medida en que se simplifique la estructura financiera del sistema, reducirían las distorsiones del mercado laboral por los impuestos a la nómina. En efecto, las contribuciones solidarias a salud y pensiones junto con las cargas parafiscales se perciben como impuestos puros por los individuos y las empresas, en la medida en que no se traducen en beneficios directo para ellos. Así, el cambio en el uso de estos recursos tendría mayor impacto teniendo en cuenta que, según cálculos econométricos, una baja del 1% en impuestos puros incrementaría la formalidad de 0.9% al aumentar el empleo asalariado relativo a la cuenta propia (informal) y por esta vía incrementar los cotizantes del sistema. Es difícil creer que, sin reducir lo mínimo la cotización, solo cuando patronos y trabajadores sepan que el punto y medio destinado al régimen subsidiado quedará para financiar el contributivo y evitar el desangre del Fosyga, correrán a formalizar los empleos. La solidaridad vertical entre los dos regímenes es definida en el proyecto de ley como un impuesto puro que debe desaparecer, pues 'distorsiona el mercado laboral'. Suponemos que el siguiente paso, en esta perspectiva, será suprimir la solidaridad entre quienes tienen más ingresos y quienes tienen menos en el contributivo, reduciendo los aportes y dejando sólo un Plan Básico, y lo que pase de allí lo financiará cada quien con sus recursos, como se propuso en la emergencia social”.
Anotó Martínez: “La Ley 1393 da a la re-centralización el absurdo nombre de 'giro sin situación de fondos', curiosa figura del lenguaje que contradice el mismo principio de un giro: la situación de fondos. Son simples asignaciones presupuestales sin entregar los recursos, simple y llano centralismo, que contradice el principio de la Constitución de 1991. En los años del centralismo, previos a las reformas constitucionales que consagraron la descentralización (1986 y 1991), el gobierno no sólo definía presupuestos específicos para los territorios, sino que los giraba efectivamente, lo que ahora no hará. Si el gobierno central escoge las EPS en cada región, administra los recursos y no permite que el municipio decida sobre ningún asunto, ¿para qué hacen firmar contratos a los alcaldes? ¿Acaso para que después respondan por los pésimos servicios de la mayoría de estas entidades, que se dedican apenas a transferir el riesgo a las IPS, sin realizar ninguna gestión, ni garantizar calidad alguna? ¿O para que respondan por los muy conocidos robos y desfalcos de algunas de ellas, con participación de políticos e incluso de grupos armados?”
Y concluye: “Por último, el proyecto parece proponer que los municipios se van a encargar de la Atención Primaria con el 60% de los recursos propios de salud pública, como dice la ley, mientras las EPS del subsidiado seguirán recibiendo los recursos para el aseguramiento en el primer nivel de atención (que incluye la mayoría de las atenciones de la estrategia de Atención primaria), pero sin necesidad de prestar dichos servicios. (Ver completo análisis económico de este proyecto por el mismo autor, en la página 16).
 
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